Ciudad de México. El Cuatro Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, desechó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), y confirmó de manera definitiva que los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa que se imputaron a 17 funcionarios y ex directivos del sistema penitenciario federal ya habían prescrito, también que no incurrieron en actos ilícitos al firmar convenios modificatorios relacionados con la construcción y operación con recursos privados de ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

El órgano jurisdiccional consideró inoperantes los argumentos con los cuales el Ministerio Público Federal pretendió llevar a juicio y encarcelar a quienes firmaron los contratos con los cuales se aprobó la construcción de los centros penitenciarios durante la administración del presidente Felipe Calderón, y Genaro García Luna se desempeñó como titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

La administración calderonista autorizó mediante asignación directa la construcción de los ocho penales bajo el modelo de asociación público-privada, y otorgó los contratos a las empresas Homex, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), ARB Arendal, GIA y Tradeco.

Los centros federales se construyeron en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Michoacán, Chiapas, Morelos y en Coahuila, y los funcionarios imputados por la FGR habrían autorizado un costo mayor a lo pactado con las empresas estimado en 62 mil 840 millones de pesos.

En enero pasado y luego de seis días de audiencia, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos desechó las acusaciones en contra de los 16 funcionarios y ex directivos del sistema penitenciario federal al considerar que los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, que se imputaron ya habían prescrito, y que el resto de los ex servidores públicos no habían incurrido en actos ilícitos, ya que los convenios modificatorios que signaron no estuvieron relacionados con el incremento en los costos de construcción de los ocho centros penitenciarios.

En la resolución del tribunal se señala, de manera sintética: que en cuanto a la prescripción “no se actualiza” y por lo que hace a los delitos imputados los argumentos de la FGR resultaron “inoperantes” e “infundados”, por lo que “procede confirmar la resolución recurrida”.

Entre los beneficiados con esta resolución se encuentran el general Sergio Alberto Martínez Castuera, ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, que fue coordinador de prisiones federales, Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y el ex director general adjunto de ese organismo Miguel Vital Hernández.