Por vulnerar sus derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 96/2022 a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván; al fiscal general de esa entidad, Roberto Javier Fierro Duarte; así como a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Uruachi y Guazapares, Marcelo Rascón Félix y Joel Bustillos Ramírez, respectivamente.

La CNDH documentó que las víctimas pertenecían a tres grupos familiares, vinculados por razones de consanguinidad, así como por afinidad. El primer y segundo grupo estaban conformados por 53 y 47 personas, respectivamente, y vivían en la comunidad de El Manzano, ubicado en el municipio de Uruachi; mientras que el tercer grupo estaba integrado por 20 personas residentes en la comunidad Monterde del municipio de Guazapares.

Se acreditó que, por diversos hechos de violencia y amenazas perpetradas en su contra, entre los años 2015, 2016 y 2019, las víctimas se vieron obligadas a abandonar sus comunidades ante la omisión de autoridades estatales para brindarles protección y seguridad, lo que derivó en el homicidio de cinco personas y lesiones en contra de otra. Además, durante ese periodo se registraron despojos, daños y robos en posesiones y propiedades de diversos integrantes de esos grupos familiares, entre los que se constató la presencia de 45 mujeres (37.5 por ciento del total de personas desplazadas) además de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

“Las acciones realizadas por las autoridades municipales y estatales no fueron eficaces ni eficientes para garantizar la seguridad de las víctimas ante la violencia que imperaba en esa zona, pues aun cuando tenían conocimiento de ello, omitieron poner en práctica medidas para prevenir homicidios, lesiones y daños, además de que bienes y propiedades de las víctimas fueron robados, vandalizados, ocupados por personas desconocidas y, en algunos casos, destruidos”, afirmó la CNDH.

Indicó que durante la investigación si bien las autoridades de la entidad remitieron a este organismo información sobre las medidas de ayuda que les brindaron, no enviaron documentación alguna que acreditara su aplicación, y únicamente inscribieron en el Registro Estatal de Víctimas a 67 personas, por lo que las restantes carecen de tal reconocimiento, lo que les impide beneficiarse de las medidas de asistencia y apoyo.

Asimismo, la CNDH documentó otros factores como la falta de actividades para satisfacer las necesidades que padecen algunas personas en materia laboral y que, a pesar de los apoyos para el pago de rentas en algunas viviendas, dichos inmuebles han resultado insuficientes y subsisten en condiciones de hacinamiento. Aunado a ello, no existe constancia de acciones para proporcionarles atención médica.

Respecto al análisis de la investigación de los diferentes hechos de violencia denunciados que lleva a cabo la Fiscalía estatal, se observó que varias carpetas de investigación presentan irregularidades y existe dilación en cuanto a la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Ante ello, la CNDH solicitó a la gobernadora del estado y a los presidentes municipales de Uruachi y Guazapares realizar un censo que corrobore el número de víctimas directas e indirectas, a fin de aplicar un Plan de Atención Integral que incluya el otorgamiento de una compensación justa y suficiente a las personas desplazadas y gestionar el acceso de niñas, niños y adolescentes a servicios educativos.

Igualmente, efectuar un diagnóstico de la situación actual de inseguridad en los mencionados municipios para poner en marcha un plan que permita atender la situación, ajustado a las necesidades de la población desplazada.