Ciudad de México. El dictamen que modifica la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México para generar un ahorro anual estimado de más de 52 millones de pesos en los próximos años se aprobó finalmente en el Congreso de la Ciudad de México con sólo dos modificaciones de forma a partir de las reservas presentadas con 37 votos a favor de Morena y bancadas aliadas contra 19 de la oposición PAN, PRI y PRD.

Minutos antes del mediodía se realizó la votación del dictamen que reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales tras 27 horas de sesión –que incluyo una solemne previa para la entrega de medallas– y luego de que Morena, consiguió desactivar la intención de la legisladora del PRI, Tania Larios, de presentar una a una sus mil 14 reservas, lo que en el cálculo de la morenista Valentina Batres, hubiera requerido de ocho días. Se presentaron unas once y el resto se votó en paquete.

La legisladora del PAN, Luisa Adriana Gutiérrez, desistió también de presentar sus cien reservas, que inclusive fueron retiradas porque al momento de su turno ya se había retirado del pleno.

Batres evidenció que las reservas que la priísta inscribió eran el mismo texto para el mismo artículo, con alguna modificación y esa era la misma estrategia de la panista.

La única reserva aprobada, presentada por Batres, consistió en la restitución de un texto que de manera involuntaria había sido suprimido en la elaboración del dictamen, en el artículo 36, así como el transitorio cuarto para ampliar un día, de 90 a 91 días hábiles, el plazo que se fijó al organismo electoral para materializar la reestructuración.

Morena y aliados celebraron en el pleno la aprobación de la reforma con aplausos y la consigna “¡Sí se pudo!” y corearon también “¡presidente, presidente!”, para reconocer la conducción de los trabajos de la sesión del diputado Héctor Díaz Polanco.

El diputado Carlos Hernández Mirón, quien promovió la iniciativa correspondiente, aclaró que al organismo no se le recortan los recursos que tiene aprobados este año por más mil 200 millones de pesos, tampoco atenta contra la autonomía del organismo ni se limitan sus facultades.

Aseguró que por el contrario, “se logra un instituto electoral que puede ser modelo para los organismos públicos electorales de otras entidades federativas”.