Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que no se alcanzaron acuerdos con la empresa estadunidense Vulcan Materials Company –señalada por su administración de provocar “graves daños” al medio ambiente en Playa del Carmen y le fueron suspendidas sus actividades—, por lo que el caso podría llegar a tribunales.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, se le preguntó al mandatario en torno a la reunión privada que tuvo el lunes con J. Thomas Hil, director ejecutivo de la firma, propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica), que extrae desde hace años material en la zona para hacer carreteras en Estados Unidos, pero impactando los recursos naturales del Caribe mexicano.

“Se va a mantener la suspensión (de actividades). El único acuerdo (que se logró en el encuentro con el directivo estadunidense) es que lo que ya han extraído se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más. Y si no se llega a ningún acuerdo, (nos vamos) a tribunales nacionales y extranjeros, y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar”, enfatizó el tabasqueño.

Dijo que su gobierno presentó una propuesta a la compañía –que recibió permisos para la extracción de diversos minerales en esos terrenos durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo— para convertir la zona en un espacio turístico con cuidado del ambiente, la cual Vulcan Materials Company analiza.

“Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción. Lo que está muy claro es que no permitimos ya que se extraiga material”, apuntó el mandatario federal.

Remarcó que la empresa incumplió el acuerdo que ya tenía con su gobierno para detener las extracciones y sus trabajos en la zona hasta que se definiera un proyecto alternativo de corte turístico de protección al medio ambiente.

“Pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando, y fui hace un mes (a la región), porque estoy supervisando las obras del Tren Maya, y me informaron que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar. Y me tocó constatarlo, porque no lo creía. Sobrevolé la zona y en efecto, estaban trabajando.

“Ellos sostienen que hubo una mala interpretación, pero el planteamiento es no queremos que se siga destruyendo el medio ambiente, no queremos que se siga utilizando toda esa área que son como 3 mil hectáreas, como banco de material y que se lo lleven para construir carreteras en Estados Unidos”.

El presidente sostuvo que aun cuando existan presiones o manifiestos de legisladores estadunidenses o del propio gobierno de aquel país en favor de la empresa, su administración no permitirá que se siga dañando el medio ambiente.

“Es una empresa fuerte de la construcción en Estados Unidos, y allá hay la costumbre y es normal, y legal, que las empresas apoyen a los candidatos y a los partidos con dinero, por eso salió un carta dirigida a presidente (Joe) Biden acusándonos que estamos impidiendo que trabaje esta empresa, cuando lo que estamos evitando es la destrucción de nuestro territorio. Y eso (la protección del ambiente) lo harían en Estados Unidos, en Francia y España y en cualquier parte. ¿Cómo vamos a estar hablando del medio ambiente y que nos preocupa el cambio climático y al mismo tiempo estamos llevando a cabo estas acciones?”.

López Obrador indicó que la propuesta de su gobierno es reutilizar el área, usar parte de la costa ya dañada y que podrían usarse como albercas naturales, evitar que se destruyan los manglares y se deje de extraer material.

“Se puede hacer un proyecto, estamos hablando de cerca de 3 mil hectáreas, con el muelle para cruceros, o sea sí se puede resolver el problema, lo que no podemos, por más que saquen manifiestos los legisladores de Estados Unidos, no podemos permitir esto, porque es la destrucción de nuestro territorio, en ningún lugar, pero imagínense en Playa del Carmen, en la Riviera Maya”.

Y rubricó que él y su administración tienen la voluntad de alcanzar acuerdos con la empresa.

Tras los duros diferendos entre ambas partes. En el encuentro estuvieron los embajadores de ambos países, Ken Salazar (Estados Unidos) y Esteban Moctezuma (México), así como los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; y de Medio Ambiente, María Luisa Albores, entre otros.

Tras la suspensión de actividades en la empresa, el pasado 4 de mayo, la firma consideró esta acción como “ilegal” y adelantó que irá a tribunales.

“La Compañía cree firmemente que esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La Compañía tiene los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales”, apuntó en un comunicado tras el cierre de sus actividades.