Ciudad de México. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en ciudad de México ordenó a un juez federal que admita la demanda de amparo que promovió Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN, para que el Ministerio Público Federal investigue los movimientos financieros que realizó Jesús Caraveo Opengo, quien –según la versión gubernamental– fue el encargado de entregar sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los magistrados del colegiado declararon fundado el recurso de queja del panista, luego de que impugnó el fallo del juzgado segundo de distrito con sede en la Ciudad de México, quien desechó la solicitud de amparo.

De acuerdo con el expediente, durante la audiencia que se realizó en marzo pasado, el juez de control del Centro de Justicia penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, resolvió que no era procedente solicitar al agente del Ministerio Público responsable recabar información bancaria de Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, quien en 2020 apareció en un video recibiendo fajos de billetes, pues dicha persona no cuenta con el carácter de investigado en la carpeta investigación.

No obstante, el tribunal colegiado determinó que de no autorizarse la técnica de investigación para recabar información bancaria de Caraveo Opengo, “podría afectar la tramitación de la etapa en que se encuentra la carpeta judicial, y afectar el derecho fundamental de defensa del quejoso en caso de impedírsele allegar a ella los datos de prueba que pudieran servir para su defensa en la siguiente etapa procesal”.

Pero no solo eso, argumentaron que “podría traducirse en una violación que posiblemente incidiría de modo trascendente en la resolución que pudiera emitirse en la etapa de juicio, pero que se traduciría en una afectación inmediata a la parte quejosa, en razón de que al reclamar en amparo directo la sentencia definitiva no podría hacer valer las violaciones ocurridas en las etapas anteriores”.

Cabe mencionar que el jefe inmediato de Caraveo fue el entonces senador del blanquiazul, Lavalle Maury, quien fungió como presidente de la Comisión de Administración, y cuyos nombres son mencionado en la denuncia que Emilio Lozoya hizo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2020 y en la que aseguró que se sobornó a varios legisladores para que votaran en favor de las llamadas reformas estructurales, entre ellas la energética, en el sexenio anterior.

Según las indagatorias, Lavalle Maury, quien en la actualidad se encuentra privado de la libertad, supuestamente recibió 97 millones 190 mil pesos por aprobar la reforma energética y realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 52 millones 390 mil pesos, por lo que podría alcanzaría una pena de prisión mínima de 12 años y una máxima de hasta 39 años de prisión, así como la reparación del daño.