Alcanzar la “lamentable” cifra de 100 mil personas desaparecidas en el país debe ser un mensaje de alerta, un punto de inflexión tanto para los gobiernos federal y estatales como para la sociedad en general, coincidieron organizaciones que acompañan a familiares de víctimas. Este número refleja que la crisis “sigue creciendo exponencialmente” y que las políticas públicas implementadas no han funcionado.

Además, resaltaron, “la cifra pudiera ser más grande”, debido a que muchas personas no denuncian, y las afectaciones de este fenómeno no sólo son para las familias de las víctimas, sino también para toda la población.

Ante “tan dolorosa cifra”, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador “a que nos escuche y trabajemos de manera conjunta por un país menos violento, en el que nadie tenga que buscar a sus seres queridos”. En un pronunciamiento, le pidió hacer de esta agenda “una prioridad”, a que instruya a todas las autoridades a trabajar en esta dirección y a “hacerlo de la mano con las familias”.

En entrevista aparte, Grace Fernández, de Buscando Desaparecidos México –del MNDM–, destacó que las 100 mil personas ausentes equivalen a llenar poco más de un estadio Azteca. “Esta es la dimensión del problema que tenemos”, aunque “puede ser mayor”.

Manifestó que para las familias, como la de ella que busca a su hermano Dan –víctima de desaparición forzada en 2008–, esta crisis “ha sido un largo caminar en la espera de la capacidad del Estado para respondernos ¿dónde están?” y para evitar que haya más casos”.

Si bien en este sexenio la mayoría de los casos son heredados, “hay más de 27 mil personas desaparecidas en los últimos tres años”, dijo Fernández. Ello, enfatizó, revela que los esfuerzos no son suficientes. La Fiscalía General de la República, además “de no hacer las investigaciones diligencial y efectivamente”, tampoco colabora “con las otras instituciones que tratan de hacer el esfuerzo”, como la Comisión Nacional de Búsqueda.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, señaló que el fenómeno “sigue estando en 95 por ciento en los estados”, lo que implica “que no hay voluntad de gobiernos estatales o que hay vínculos institucionales que lo favorecen”. Además de la “ausencia del Estado en muchos lugares donde hay conflictos abiertamente armados”.

Consideró que el número de desapariciones pudiera ser mayor. Por ejemplo, en Sonora y Nayarit “hay muchísimos casos, pero nadie quiere denunciar”; Zacatecas “¿por qué no es de las entidades con más desapariciones si hay un conflicto con el narco?” A ello, agregó, se suma que migrantes tampoco denuncian por desconfianza.

“Los datos evidencian la situación, pero no la realidad, hay una cifra negra que sería muy importante revisar” con colectivos y organizaciones, porque “lo que sigue habiendo es una negativa a reconocer” el problema. Sostuvo que se requiere una discusión amplia “porque, además, respecto de este delito hay otros conexos que se invisibilizan”, como la trata.

César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que el problema de la desaparición –desde que se tiene registro– empezó en los años 60 “con la llamada guerra sucia” y continuó con la denominada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.

Son muchos años de omisiones, “donde no ha habido en las instituciones la vocación para hacer la búsqueda de las personas” y las investigaciones “han quedado paralizadas”, reprochó.