Comenzó el periplo del presidente López Obrador por cuatro naciones centroamericanas y Cuba, con cuyos gobiernos suscribirá convenios de colaboración y con los ojos puestos, también, en el tema migratorio, el cual se traduce en un creciente drama social consecuencia de un sistema político-económico que no los representa ni incluye. Por el contrario, expulsa a millones de personas que deben buscar mejores oportunidades en otras latitudes, en las que, a la vez, deben enfrentarse a la sistemática violación de sus derechos humanos.

Antes de iniciar el viaje por esas cinco naciones, el mandatario mexicano subrayó: “tenemos probado que, si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica se reduce mucho el flujo migratorio; no es sólo con medidas coercitivas como se va a resolver el problema; la migración debe ser opcional, que salga quien quiera hacerlo por gusto, no por necesidad, por falta de trabajo, por violencia”.

El gobierno de Estados Unidos se “comprometió” a “contribuir” a la solución del drama migratorio pero, como no tiene palabra, la “solución” en la que participaría se mantiene en el limbo, desde tiempos de Trump. López Obrador explicó que a la Casa Blanca “le estamos pidiendo que se apure”, porque mientras el Capitolio resuelve en días enviar miles de millones dólares para alimentar la guerra en Ucrania, “nosotros llevamos cuatro años sin que autoricen 4 mil millones (de inversión) para Centroamérica, con todo respeto. Que se entienda, y eso es lo que nos conviene; eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica, que haya desarrollo. La paz es fruto de la justicia, por lo que esa inversión ayudaría mucho a mantener a la gente en sus pueblos y que no se vieran en la necesidad de emigrar, pero hasta ahora no se ha invertido prácticamente nada”.

En efecto, el presidente estadunidense abrió la cartera para azuzar la guerra, porque para él y su industria militar eso de la paz no es negocio y menos la solución del problema migratorio: aparte de lo ya concedido en créditos y armamento (no es cortesía; los ucranios los pagarán), “Joe Biden, solicitó al Congreso (en calidad de urgente) 33 mil millones de dólares en asistencia a Ucrania; Washington apuesta a un conflicto de largo plazo, que se está convirtiendo cada vez más en una guerra estadunidense, por ahora indirecta, contra Rusia, nutriendo preocupaciones sobre una posible ampliación del conflicto a otras regiones, y provocando alarmas sobre el uso de armas nucleares” ( La Jornada, David Brooks).

Pero independientemente de si algún día hay visos y voluntad política de solucionar el problema migratorio, los países centroamericanos y caribeños (México no es ajeno a todo esto) deberán encontrar alternativas sólidas y permanentes a la eventual reducción o cancelación del cada día más elevado monto de remesas enviado por los expulsados de su tierra, que no sólo benefician a las familias receptoras, sino que fortalecen a sus respectivas economías nacionales.

De acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2021 las remesas a Latinoamérica y el Caribe sumaron 128 mil millones de dólares. De ese monto, alrededor de 40 por ciento llegaron a México. Entonces, en el cuento de hadas de que se “solucione” el problema migratorio, ¿de dónde saldrán las divisas suficientes para suplir esa cantidad?

Esa misma institución financiera documenta que de 2001 a 2021 el monto de remesas captado por América Latina y el Caribe se incrementó 600 por ciento y en el periodo a la región ingresaron alrededor de un billón 300 mil millones de dólares por tal concepto. Para dar una idea de la proporción, vale mencionar que es similar al producto interno bruto de México y cuatro veces mayor al PIB centroamericano.

Para el caso de América Central las remesas son fundamentales no sólo para las familias receptoras, dado el creciente peso de ellas en el producto interno bruto de cada uno de los países que conforman esa región. Por ejemplo, para El Salvador esas divisas representan 24 por ciento de su producto interno bruto; Honduras 23.5 por ciento; Nicaragua, 15.3 y Guatemala, 15. En el caso mexicano, esa proporción es de 4 por ciento.

Las rebanadas del pastel

Hampón entre los hampones, e impune entre los impunes, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ríe de los consumidores españoles de energía eléctrica y califica de “tontos” a quienes recurren al subsidio público para las familias más vulnerables. Calificarlo de hijo de puta sería piropo.