En medio de versiones falsas y, al parecer, con el desconocimiento de personajes del más alto nivel, el secretario de Gobernación entregó el jueves 28 de abril al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa, firmada por AMLO, de reforma constitucional en materia electoral. Es una ensalada mixta, lo que por sí mismo podría ser ventajoso a la hora de negociar el apoyo opositor, cediendo en las porciones que AMLO no considere esenciales. La larga exposición de motivos, escrita en un lenguaje con frecuencia ofensivo a los poderes públicos y organismos autónomos, clasifica los contenidos en: 1. Financiamiento de partidos políticos (art. 41); 2. Acceso de los partidos políticos a radio y televisión (art. 41); 3. Unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional (varios arts.); 4. Conformación del INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) en remplazo del INE (arts. 41 y 99); 5. Elección mediante listas por entidad federativa y reducción del número de personas legisladoras; 6. Voto electrónico (art. 35); 7. Reducción de integrantes de congresos locales. Los temas torales son el 4 y el 5. El procedimiento para la elección de personas legisladoras es todo lo contrario a las versiones falsas que circularon antes: en vez de eliminar las diputaciones plurinominales, elimina las de mayoría relativa en los 300 distritos electorales (que desaparecen). Lo que instituye son 300 diputaciones y 96 senadurías de representación proporcional (o sea, plurinominales) derivadas de listas y cómputos en cada entidad federativa (EF). Cada partido o coalición presentaría su lista para cada EF. Las candidaturas independientes quedan en un limbo, igual que el sistema de votación (¿el ciudadano elige una lista o vota por un candidato?). Tampoco se define el tamaño de las listas que tendría que variar por EF (en Campeche que sólo elegiría 2 diputada(o)s, las listas tendrían que ser de dos solamente, mientras en el Edomex las listas tendrían que ser de 40). La propuesta conlleva un avance sustancial (su lado luminoso) al eliminar las subrepresentaciones y sobrerrepresentaciones del procedimiento híbrido actual que combina la representación proporcional con la de mayoría por distrito. Cada partido/coalición obtendría, en principio, en cada EF, un % de legisladore(a)s igual a su % de votos en ella. Su participación en la CdeD sería (casi) igual a su participación en la votación nacional. Pero la cara oscura de este avance luminoso es que habría un cambio fuerte en la relación entre legisladora(e)s y población. Actualmente lo(a)s de mayoría relativa se identifican como representantes de la población del distrito en el que ganaron, lo cual los acerca a la población. Suelen tener casas de atención en el distrito, la población acude a ellas/ellos para que resuelvan problemas locales y presentan informes anuales de labores. La(o)s diputada(o)s plurinominales actuales no tienen este sentido de identidad local. Con el modelo electoral de la iniciativa, se perderá el sentido de identidad de los de mayoría relativa. La unidad de referencia, la EF para la lista de candidato(a)s, es demasiado amplia para producir cercanía y conocimiento personal.
El otro punto toral, la elección por sufragio universal de los consejeros del INEC y del TEPJF, es la gran oscuridad de la iniciativa (seguida de la eliminación del presupuesto regular de los partidos políticos). La motivación de fondo de AMLO es la guerra que ha sostenido, hasta ahora infructuosamente, para reducir los sueldos de los altos mandos del INE y reducir su presupuesto. AMLO reformó la legislación nacional para que ningún servidor público pudiera percibir ingresos mayores que los del Presidente de la República. Algunos organismos autónomos constitucionalmente como el Banco de México y el INE han mantenido que, por ser autónomos, estas disposiciones no les son aplicables. Pero sólo en el caso del INE el asunto se convirtió en una guerra. Para derrotar al INE, el Presidente decide desaparecerlo (lo que sólo puede hacer vía reforma constitucional) y remplazarlo con otro organismo, el INEC que de alguna manera asuma las reglas de austeridad vigentes. Pero lo más oscuro de esta propuesta es el procedimiento de elección de los integrantes del INEC y del TEPJF con voto universal y campañas de los candidatos. La iniciativa se refiere a las campañas, al acceso de los candidatos a radio y televisión y a la exposición de su programa de trabajo, haciendo un símil absurdo con las candidaturas a los poderes Ejecutivo y Legislativo. La primera elección será, según la iniciativa, el domingo inicial de febrero de 2023; después cada seis años el primer domingo de agosto. El propósito explícito de esta forma insólita de elección, es evitar lo que, según la exposición de motivos ha ocurrido hasta ahora: “el actual INE y el TEPJF fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder”. Sin embargo, los candidatos serán nombrados por el Poder Ejecutivo Federal (20 para el INEC y 10 para el TEPJF), el Legislativo (los mismos números pero divididos entre las dos cámaras) y la SCJN (mismos números). El Ejecutivo Federal lo ocupa, siempre, un partido o una coalición; el Legislativo está conformado por las “cuotas de poder” de cada partido y en la SCJN hay una lealtad al partido del presidente que los propuso. Es decir, seguirá prevaleciendo la cuota de poder de la CdeD, pero ahora se unirá la del Senado, donde Morena y sus aliados tienen mayoría calificada, y se agregará la cuota de poder unipersonal del Ejecutivo. Para el INEC habrá 60 candidatos (con paridad de género), de ellos, 20 serán nombrados por AMLO, alrededor de 15 por Morena y sus aliados en las cámaras y alrededor de la mitad de los 20 de la SCJN. En total, alrededor de 45 candidatos. La cuota de poder AMLO-Morena será de 75%. Si la votación fuese al azar, sin campañas, obtendría entre cuatro y cinco de los siete consejeros del INEC. Como lo sugiere la baja participación en las consultas, la ciudadanía no sale a votar cuando no siente que vaya en juego algo importante. Como ambos trabajos, de consejero y de magistrado, son en principio técnicos, operar una barroca legislación electoral, habría un enorme ausentismo en las urnas.
Para lograr la mayoría calificada, AMLO-Morena podrían mantener el financiamiento (fuera de periodos de campaña) de los partidos políticos, e incluso no eliminar los organismos electorales locales, a cambio de que algún partido político con suficiente peso electoral apoyara el remplazo del INE por el INEC y la eliminación de los distritos electorales. Si todavía tuviera que ceder más, muy probablemente mantendría el sistema híbrido en la elección del Poder Legislativo, pero insistiría en que Lorenzo Córdova se vaya a su casa para que nadie gane más que él (excepto en el Banco de México). Hay mucho más que discutir tanto de la iniciativa de reforma electoral enviada por AMLO, pero sobre todo de la reforma electoral que el país necesita. Sin embargo, en México no hay problemas electorales urgentes y sí hay un problema medioambiental de escala mundial de suma gravedad y urgencia que debería enfrentarse con una reforma energético-ambiental a fondo. Necesitamos un partido ecologista en serio que encabece esa batalla. Hay que cerrar la refinería de Tula.
