El texto de Acemoglu y Robinson explica cómo las instituciones moldean la prosperidad de los países. Sostiene que las instituciones políticas determinan las instituciones económicas, y ambas, la riqueza de cada nación. Lo anterior, a partir de una diferencia: si las instituciones de un país son inclusivas o extractivas. Una institución política inclusiva será aquella que permita una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la incorporación en el debate público de los grupos sociales. Por el contrario, una institución política extractiva sería aquella que privilegia a un grupo y concentra el poder en perjuicio de los demás. Por su parte, una institución económica inclusiva será aquella que permita la presencia de todos los grupos sociales en el intercambio económico y que distribuya de mejor forma la riqueza y una extractiva será aquella que monopolice en un grupo o facción la riqueza, explotando los recursos de las naciones en perjuicio de la colectividad.
La lectura del texto me llevó a reflexionar sobre el debate de la reforma eléctrica. Oí tantas opiniones y me pareció increíble que ahora todos “sean” expertos en electricidad y litio. Con honestidad, yo tampoco lo soy, pero algo he estudiado sobre instituciones políticas, jurídicas y económicas y creo que el texto citado es un gran pretexto para analizar el debate.
La oposición sostiene que la reforma es un retroceso para convertir al litio en un elemento estratégico y para fortalecer a CFE porque ello se hace en contra de las empresas privadas que tienen las concesiones. El gobierno plantea que no se trata sólo de casos de corrupción en la entrega de las concesiones, sino que fue una verdadera traición a la patria la reforma de Peña Nieto que nunca pensó en el país.
La posición de la oposición, de privilegiar a las privadas, no es otra cosa que sostener una política económica extractiva, centralizando la riqueza en pocas manos, sobre todo extranjeras. Se pueden generar empleos, pero no se garantiza que los salarios sean dignos y que se genere riqueza. Además, con el modelo de exención fiscal que plantea, sólo se privilegia a la élite económica y ni siquiera el Estado tiene asegurado el ingreso fiscal. No me uniré al discurso de que los legisladores que votaron en contra han incurrido en una conducta de traición a la patria, porque se trata de un tipo penal que merece ser analizado con seriedad. Me queda claro que la oposición con ese discurso busca beneficiar a una élite, no al país. Así ha sido históricamente en México, donde una élite controla la mayoría de los recursos sin pagar bien a sus trabajadores. De hecho, para Acemoglu y Robinson, la diferencia entre Nogales, Arizona, y Nogales, México, son las instituciones inclusivas al norte y extractivas al sur. ¡Uno a cero en favor del gobierno!
En segundo lugar, a pesar de que las medidas de nacionalización también son extractivas, podemos estar en el caso de una medida inteligente. El litio es vital para el futuro de México, y es fundamental que sea considerado como área estratégica para nuestro país. Los propios autores ponen de ejemplo a Botsuana, que nacionalizó las minas de diamantes, lo que ha servido con el turismo y otras medidas inclusivas para convertir a ese país en el de mayor ingreso per capita de África subsahariana. Entraría en el ejemplo de una medida para fortalecer la centralización política, que es uno de los presupuestos para lograr un desarrollo, aunque evidentemente, esta centralización no puede durar toda la vida, porque colapsaría en algún momento. Por ello, estoy en favor de la reforma a la ley de minería en el tema del litio, máxime que viene aparejada de medidas de protección al ambiente y a los pueblos indígenas. En algún momento, tendrán que incorporarse particulares en la extracción y comercialización. ¡Dos a cero en favor del gobierno!
Otro tema es la revocación de las concesiones. Una política económica inclusiva obliga a que más personas participen en la generación de la riqueza. Esto debe venir acompañado de un respeto a la propiedad privada y la existencia de un estado de derecho que mantenga la percepción de seguridad jurídica en las inversiones. Soy un convencido de que hay que revisar todas las concesiones y, en las que se hallen actividades ilícitas, proceder jurídicamente en el ámbito penal y administrativo y, claro, revocarlas. Pero no en todos los casos, porque eso afectará la credibilidad al exterior cuando más inversión privada necesitamos y la forma de atraerla pasa por asegurar la propiedad privada y la irretroactividad de la ley. ¡Gol de la oposición!
En los términos de los autores, necesitamos más instituciones inclusivas. En lo político y en lo económico. Eso implica redistribuir la riqueza, frenar monopolios, aumentar el proceso de bancarización de la economía, combatir la corrupción y generar un verdadero estado de derecho. Las élites deben pagar mejor a sus trabajadores y pagar impuestos.
En el otro lado de la moneda, es un error generar más instituciones extractivas. Por ejemplo, reducir los diputados de representación proporcional es una estulticia. Significa reducir la participación de grupos políticos en el Congreso. PRI, PVEM, PT, MC y PRD saldrían perjudicados. ¿En realidad queremos reducir la pluralidad política? No, necesitamos más pluralidad, como requerimos inclusión económica. Merecemos que México sea una nación que prospere, y que cuando un historiador del futuro recree esta etapa, vea cómo dejamos nuestras diferencias a partir de instituciones políticas y económicas inclusivas y sólidas que permitieron generar el florecimiento de nuestro país.
