Madrid. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados a través de Pegasus –programa informático desarrollado por una empresa israelí–, entre mayo y junio de 2021, y sufrieron la extracción de abundante información de sus teléfonos celulares.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció la presentación de una querella judicial para que se inicie una investigación sobre el asunto.
Este nuevo caso de espionaje político coincide con la polémica surgida a raíz del hallazgo de que decenas de dirigentes políticos independentistas de Cataluña y el País Vasco fueron espiados por el mismo soporte informático, al que sólo pueden acceder gobiernos o instituciones internacionales.
El escándalo en torno al espionaje del programa Pegasus se destapó hace dos semanas, después de una investigación realizado por la Universidad de Toronto y publicada en la revista The New Yorker, en la que se destapó una presunta trama de vigilancia masiva de 61 dirigentes políticos y sociales vinculados a los movimientos de independencia de Cataluña y el País Vasco.
La mayor parte de esos seguimientos se habrían realizado en los últimos tres años, durante el gobierno del socialista Pedro Sánchez, y de su coalición con Unidas Podemos (UP).
La filtración del espionaje provocó una ruptura entre los partidos en el gobierno central y sus tradicionales aliados, sobre todo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat), que anunciaron el retiro de su apoyo parlamentario hasta que se depuren responsabilidades o se aclaren las cosas.
El primer movimiento del gobierno fue abrir la comisión parlamentaria de secretos oficiales a estas formaciones políticas, además de otras, como los vascos de EH-Bildu y los anticapitalistas de la CUP, pero antes de que se celebrara la primera reunión saltó este nuevo escándalo.
Según la información facilitada por el ministro Bolaños, el hombre más cercano al presidente Sánchez, los teléfonos celulares del presidente de gobierno y de la ministra de Defensa fueron espiados entre mayo y junio de 2021; al primero le extrajeron dos y medio gigas de información y a la segunda 130 megabites.
El gobierno español aún está investigando qué información fue sustraída de ambos teléfonos, los cuales son números oficiales y no personales.
El gobierno español calificó las prácticas realizadas de “ilícitas” y “externas”, con lo que atribuyó el presunto espionaje a un tercer país, que, según otras versiones extraoficiales, podría ser Marruecos, territorio que recientemente estuvo vinculado a un caso similar por la utilización de Pegasus y que además coincidiría en el tiempo con la crisis diplomática que vivieron España y Marruecos a raíz del problema humanitario en la frontera en Ceuta y Melilla.
El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofreció su apoyo al gobierno, pero sembró dudas sobre la “casualidad política no menor” de que la filtración se haya desvelado en plena crisis con el independentismo catalán.
