Productores de trigo se manifestaron ayer por la tarde en el ejido Puebla, en la región del Valle de Mexicali, Baja California, en demanda de precios actualizados y justos por el grano.

Los agricultores demandaron a la Federación que haga cumplir los precios de garantía del trigo y además pidieron la intervención de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda para que se reconozca ese precio y se proteja la producción agrícola local.

Los 2 mil trigueros del valle de Mexicali, cuya producción en esta temporada podría alcanzar 180 mil toneladas, demandan un pago de entre 400 y 437 dólares la tonelada, según el precio internacional, pero los industriales pretenden pagarla en 320 dólares; es decir, 2 mil 500 pesos menos por tonelada.

El presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo de Baja California, Francisco Muñoz Silva, dijo que en la actualidad el trigo está a buen precio, pero la industria se niega a pagarlo y quiere que los agricultores malbaraten sus cosechas.

“Quieren tener mayores ganancias a costa de nosotros, porque ya ganan con los precios de las pastas, las tortillas, las sopas”, reprochó el líder del gremio en la entidad.

En entrevista, expuso que los productores deben pagar créditos y están en cartera vencida, además de que les impactó el aumento de 300 por ciento en el precio de fertilizantes y el del amoniaco, que subió de 9 mil a 30 mil pesos por tonelada.

“La exigencia es que se pague el precio pactado; si no, no habrá grano”, señaló Muñoz Silva, quien demandó a las autoridades federales y estatales su intervención para que los trigueros obtengan un precio razonable.

Mientras, en Tamaulipas, campesinos de los ejidos Jaumave, Padrón y Juárez, El Alamito, Matías García, Gustavo Cáceres, San Juanito, El Ingenio, San Lorencito y San Vicente marcharon en protesta porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les negó usar el acuífero canal río Guayalejo y acusaron al organismo de favorecer a empresarios limoneros, “que poseen concesiones ilegales desde hace nueve años”.

Recordaron que hace dos meses funcionarios de la Conagua se comprometieron a hacer un estudio sobre el aforo y resolver las demandas de los labriegos, que padecen escasez.

Pedro Luna Reyes, presidente de la Asociación de Usuarios del Canal Común Guayalejo, argumentó que los ejidatarios gozan “del principio de primero en tiempo y primero en derecho”, pues sus padres y abuelos recibieron la concesión del agua de parte del entonces presidente Lázaro Cárdenas Del Río, pero la autoridad, expusieron, “otorgó concesiones al margen de la ley y se niega a resarcir el daño”.

Luna Reyes dijo que la Conagua entregó concesiones a la familia Valdez, propietaria del consorcio Tres Ases, que posee 400 hectáreas de limón italiano y le permitió extraer agua con bombas de 12 pulgadas de la Poza Azul hacia sus tierras, sin importar que haya dejado sin el recurso natural a los campesinos y a la población rural.

Dijo que por esta situación hace nueve años los agricultores no han obtenido cosechas de maíz, calabaza, nuez y aguacate.