¿Por qué la Cuarta Transformación (4T) no pudo o no quiso ir a fondo y cambiar la educación del país teniendo al comienzo del sexenio la oportunidad y una fuerza enorme para hacerlo? Hoy es muy clara, por ejemplo, la determinación del gobierno de reconstruir y reparar lo que se hizo en energía con la entrega a corporaciones que llevó a cabo el bloque PRI-PAN-PRD. Y no teme desafiar al poderoso bloque de intereses europeos, estadunidenses y sus aliados locales, empresarios y partidos políticos.
Se podrá decir que en el caso de la energía está en juego un interés nacional extraordinario, pero igual o más se puede decir del tema educativo. Si se atiende a la historia de la educación y su papel en la construcción de lo que somos como nación, se vuelve evidente que ésta puede considerarse como estratégica. Una población educada en la historia y la conciencia de lo que son los patrimonios del país constituye una fuerza enorme para defenderlos.
En un intento por dar respuesta a la pregunta inicial planteamos aquí dos hipótesis. La primera ya de alguna manera la sostenía el propio gobierno, cuando el secretario Moctezuma, en 2019, decía que para avanzar en una reforma constitucional que borrara la anterior era indispensable contar con el apoyo de diversos sectores y partidos. Con eso reconocía como válida y necesaria la fuerza de la OCDE, Unesco, del sector privado educativo nacional, Mexicanos Primero, de los sectores conservadores de los padres de familia, y del PAN y PRI sobre todo.
En esta hipótesis, la 4T optó por ceder en el campo educativo como no lo haría en otros terrenos, pero esas fuerzas aprovecharon el momento para rescatar casi íntegro lo esencial de la reforma de Peña Nieto e ir incluso más allá. Así, la “calidad” se convirtió en excelencia y el INEE en Usicamm que aunque no despide a las y los maestros, igual los somete a evaluaciones para controlarlos; se mantiene al magisterio sin plenos derechos laborales, se ataca al normalismo, y quedan, pero simulados, el derecho a la educación y la gratuidad. Se legalizan los exámenes excluyentes, el negocio de las acreditaciones, la comercialización de los servicios de instituciones de educación superior y las universidades ahora quedan bajo la coordinación –y control– de la SEP y de los gobiernos de los estados.
Así, si bien en 2012-2018 la reforma de Peña Nieto propició el surgimiento de una inusitada fuerza social y política; el magisterio y especialmente la CNTE, también generó un frente muy potente de fuerzas conservadoras y neoliberales. Así que si bien el nuevo gobierno optó por dar una parte de la razón al movimiento magisterial (borrando del mapa al INEE y las leyes secundarias y abriendo mesas de trabajo con el Presidente), la mejor parte se le entregó al sector conservador y empresarial: la oportunidad de ver que se reconstruyera en las leyes una nueva versión de la reforma, menos provocadora, pero que ofreciera control, comercialización, y una educación para el individualismo.
Una segunda hipótesis explicaría por qué precisamente es en la educación que se crea esta fórmula donde maestros y universitarios quedan en un marco que les es desfavorable. Luego de la reforma constitucional de 2019, a continuación en las leyes secundarias –que no requieren mayoría calificada– las y los legisladores de Morena habrían podido limitar severamente o nulificar los contenidos adversos de lo aprobado. Es decir, dejarle a la derecha una reforma constitucional, pero, como se ha hecho con otros derechos pomposamente aprobados, negarla luego en las leyes y reglamentos.
Esta posibilidad reiteradamente se señaló a las y los legisladores, pero repetidamente también la rechazaron, argumentando instrucciones directas del más alto nivel de la SEP. Hubo así una decisión de naturaleza histórico-política de mantener el pacto con la derecha en educación. Tan es cierto esto que hoy la derecha empresarial se queja de la reforma energética y muchas otras cosas, pero nunca una palabra contra la reforma educativa de 2019-2021.
Y por eso también hoy, como en sexenios anteriores, es un pacto que propicia la relación hostil y hasta violenta del Estado con maestros de educación básica, escuelas y profesores universitarios. Una historia sangrienta y represiva. Y en el fondo, todo esto porque con sus reformas la derecha conservadora en la educación ofrece algo que todo gobierno secretamente desea: control y estabilidad.
No se quiere abrir la puerta en escuelas y universidades al fortalecimiento de las demandas y a la creatividad que nace de la participación colectiva, sea de mujeres, estudiantes, comunidades o sindicatos. Porque por su misma naturaleza e historia estos protagonistas tienden a la izquierda y no quieren conservar, más bien exigen al Estado un cambio profundo. Y aunque sus demandas se mantienen dentro del marco constitucional, en el pasivo clima que crea la represión, aún eso ahora se considera demasiado.
* UAM-Xochimilco
