La discusión de la reforma constitucional en materia de electricidad que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue descarrilada por la coalición opositora Va por México, en la que se agrupan el PAN, el PRI y el PRD.

Al principio de la sesión, diputadas de la alianza que respalda la reforma impugnaron la presencia en la votación de las legisladoras Margarita Zavala (panista) y Edna Díaz (perredista) por sendos conflictos de interés: la primera, porque su esposo recibió millones de pesos de la transnacional Iberdrola, una de las principales beneficiarias de la actual legislación en materia eléctrica, y la segunda por sus vínculos con el operador de intereses privados Paolo Salerno.

Una vez que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desechó tales cuestionamientos, dio inicio una jornada legislativa crispada y maratónica en el curso de la cual los detractores de la reforma han ido evidenciando su falta de argumentos para rechazarla: uno tras uno, los diputados opositores subían a tribuna para esgrimir señalamientos probadamente falsos, tales como que los cambios propuestos a la Constitución impondrían un supuesto “monopolio” en la generación de electricidad en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que con ello atentarían contra el medio ambiente, que la tarifa eléctrica se encarecería o que la nueva redacción constitucional violaría los términos del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC). Por añadidura, panistas y priístas se quejaron de que en la elaboración del dictamen a votación no se habían tomado en cuenta sus propuestas, como la consagración de la electricidad como derecho humano.

La falsedad de tales dichos salta a la vista para cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer el texto de la reforma. En éste hay sobradas garantías para la participación de las empresas privadas (46 por ciento del mercado), por lo que no se sostiene el discurso sobre el “monopolio”; se asienta la orientación de la industria eléctrica en dirección a la transición energética, con lo cual pierden sustento los alegatos pretendidamente ambientalistas, se plan-tea la generación distribuida para favorecer a municipios y a productores agrícolas y se establece el derecho al abasto eléctrico para toda la población como una condición esencial para la vigencia de sus derechos fundamentales.

Por añadidura, las propuestas que los opositores quisieron formular fueron escuchadas en el exhaustivo Parlamento Abierto realizado en febrero y marzo y en la reunión de la Jucopo en la que los diputados de la coalición oficialista expusieron la inclusión en el dictamen de 12 puntos planteados por la coalición Va por México.

Una y otra vez, los legisladores de Morena y el PT desvirtuaron, mediante mociones de ilustración, las imprecisiones y las simples falacias de los opositores, pero éstos se mantenían fieles al guión. Se demostró así que no hay argumentos racionales de peso en contra de la reforma eléctrica y que el único motivo real para rechazarla es la defensa de los intereses privados que han logrado ganancias astronómicas gracias a los términos introducidos en la Constitución por la reforma energética peñista de 2013 y que para la CFE –es decir, para la propiedad pública– significaron, en contrapartida, 3 billones de pesos en pérdidas entre 2016 y 2018.

El dictamen no logró los dos tercios de los sufragios que requiere todo cambio a la Carta Magna.

A lo que puede verse, los intereses transnacionales han hablado por boca de los diputados de la coalición Va por México, con todo y lo que eso significa: un alto costo político para ellos y un indeseable retraso en la plena recuperación de la soberanía energética y de la viabilidad y estabilidad del sector eléctrico en el país.