Con la firma de un memorando de entendimiento entre los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ayer se puso fin a la crisis abierta por la política del primero de inspeccionar todos los camiones de carga y pasajeros que cruzan por cuatro pasos fronterizos entre nuestra nación y esa entidad estadunidense. El jueves, Abbott ya había llegado a acuerdos similares con sus homólogos de Chihuahua y Coahuila, María Eugenia Campos y Miguel Ángel Riquelme, y un día antes con el mandatario de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en los que éstos se comprometen a reforzar el combate al tráfico de drogas y migrantes.
El pasado 6 de abril, el gobernador republicano anunció que, con fines de contención migratoria, todo el flujo comercial proveniente de México sería sometido a inspecciones de funcionarios estatales después de pasar por una inspección federal en los puertos de entrada. Dicha disposición derivó en gravísimos retrasos en el traslado de mercancías, con tiempos de espera de hasta 20 horas, y en una caída de 70 por ciento en el flujo comercial. A modo de ejemplo, el cruce Reynosa-Pharr (el mayor puerto terrestre para el ingreso de verduras a Estados Unidos) pasó de despachar 3 mil camiones por día a sólo entre 500 y 700 unidades por jornada. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cambio de inspecciones aleatorias a totales causó sobrecostos operativos que se estiman en hasta 8 millones de dólares diarios y amenazó con colapsar el comercio internacional transfronterizo. Debe considerarse que, aunque México comparte frontera con California, Arizona, Nuevo México y Texas, cerca de 70 por ciento de los camiones de carga que ingresan a Estados Unidos lo hacen por esta última entidad.
La injustificada y visceral política de Abbott causó severas afectaciones a miles de transportistas, quienes quedaron atrapados en interminables filas a kilómetros de distancia de cualquier instalación sanitaria y de provisión de alimentos; generó pérdidas a un gran número de empresas a ambos lados de la frontera –de hecho, es posible especular que la rápida resolución del conflicto se debió al malestar entre el empresariado texano–, y sometió a una enorme presión a los gobernadores mexicanos referidos, quienes debieron lidiar con el enojo de los choferes, la inquietud de la iniciativa privada e incluso con presuntas expresiones del crimen organizado, como el incendio de tractocamiones en Reynosa.
El desquiciamiento del tránsito fronterizo no fue provocado por ninguna acción u omisión del lado mexicano, sino por el juego de poder entre Texas y el gobierno federal demócrata, y en particular por el uso del tema migratorio por parte de Abbott para azuzar a los sectores más conservadores del electorado texano. De manera significativa, las inspecciones vehiculares fueron impuestas después de que la administración Biden anunció el fin de las expulsiones migratorias amparadas por el Título 42, un subterfugio implementado bajo el trumpismo a fin de usar la emergencia sanitaria como pretexto para rechazar sin más trámite las solicitudes de asilo.
Además de levantar preocupaciones por los compromisos a los que pudieron verse orillados los gobernantes de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para sortear la crisis, este lamentable episodio deja al descubierto que del otro lado de la frontera puede violarse impunemente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras aquí la oposición lo invoca como espantajo ante cualquier esfuerzo de las autoridades federales para impulsar la soberanía nacional y recuperar la rectoría el Estado sobre sectores estratégicos.
