Buenos Aires. En un complicado escenario político en el país, se produjo un nuevo escándalo por el descubrimiento de un sistema de espionaje, impuesto por el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, para reconocimiento facial de prófugos pero que fue utilizado ilegalmente con el fin de espiar a más de 7 millones de personas, incluidos miembros de organismos de derechos humanos, dirigentes y funcionarios del oficialista Frente de Todos (FDT), pero también a correligionarios que puedan disputarle la candidatura de Juntos por el Cambio en la elección presidencial de 2023.
Rodríguez Larreta, en plena precampaña dentro de una resquebrajada alianza de la derecha en Juntos por el Cambio, aparece como el abanderado del partido del ex presidente Mauricio Macri, quien es juzgado por espionaje a sus rivales políticos, entre otros ilícitos.
Tanto en el caso de Rodríguez Larreta como el de Macri, el delito estuvo a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuyos directivos están a la fecha bajo proceso penal. Macri también ordenó vigilar a Rodríguez Larreta, a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, bajo cuyo mandato se había conformado una “gestapo” contra sindicalistas y otros sectores, integrada por misma AFI, causa que llegó a tribunales y en la que se involucró a empresarios.
Como agravante, Macri, con apoyo de la embajada de Estados Unidos, dejó la llamada “mesa judicial”, conformada por jueces y fiscales que antes armaron causas falsas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus funcionarios.
Estos togados, incluso los que integran la actual Corte Suprema, demoran y ocultan las indagatorias sobre Macri a pesar de contar con documentos y pruebas concretas, para ayudar a la coalición derechista a volver al poder.
En la más reciente lista de espiados por el gobierno de Rodríguez Larreta están el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Fernández de Kirchner, los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa; las presidentas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini; la fiscal Gabriela Boquin, quien impulsó una de las principales denuncias de corrupción contra Macri, por ejemplo.
Y entre los correligionarios del gobernador figura la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su principal rival hacia las presidenciales del próximo año, la ex diputada Elisa Carrió.
La denuncia de espionaje provino del Observatorio de Derecho Informático Argentino, que desde diciembre de 2020 abrió una causa contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, por la cantidad de irregularidades en su aplicación, además de violar las leyes antidiscriminación por raza, color y etnia. Rodríguez Larreta además firmó un acuerdo con el Registro Nacional de Personas, el cual le permitió consultar los datos biométricos de millones de personas que figuran en los listados, cuando sólo debía utilizarse para el caso de unos 50 mil prófugos o declarados en rebeldía.
Todo esto sucede en medio de la exigencia de gremios claves del FDT, que reclaman contener la inflación, mientras arrecia la campaña opositora contra el gobierno, que incluye paros de los sectores empresariales rurales y desobediencias patronales agitando el ambiente.
Se agudiza la crisis
Por otra parte, están las grandes marchas de la izquierda trotskista y de organizaciones sociales que han tenido lugar en las semanas recientes evidenciando una situación potencialmente explosiva.
El gobierno anunció una serie de medidas considerando que la carestía es obra de los poderosos monopolios en actitudes golpistas, que algunos opositores confiesan, mientras comenzarán las reuniones con sindicatos para discutir un incremento de salarios, y ejercer un control de precios, que causa graves afectaciones a las mayorías, y está disparando las cifras de la pobreza.
