Queda la duda: ¿el presidente López Mateos mexicanizó la minería (febrero de 1961) para fortalecer la soberanía del país y quitarse de encima a las voraces trasnacionales estadunidenses del ramo que hasta entonces dominaban este sector estratégico, o lo hizo para que el tóxico gran capital autóctono ya ligado a esa actividad (por ejemplo, Raúl Bailleres, papá de Alberto, y Jorge Larrea, El Azote, papá de Germán, entre otros empresarios vinculados al alemanismo) se comiera el pastel completo?

Algunos consideran que fue una mezcla de ambos elementos, porque a raíz de esa decisión el Estado no dejó de participar activamente en dicho sector ni los empresarios autóctonos en clavar el colmillo en la riqueza del subsuelo, aunque con el correr de los años las privatizaciones neoliberales borraron del mapa a esas paraestatales (que, a precio de ganga, pasaron a manos de los barones) y la nueva ley de Carlos Salinas de Gortari (inversión extranjera al 100 por ciento, y ahora, por ejemplo, el oro nacional es canadiense), permitió y promovió (como sus sucesores en Los Pinos y con todo tipo de privilegios) que un grupúsculo, perteneciente a la minoría rapaz, se hinchara de ganancias y se constituyera en un poder político paralelo.

Para muchos el atraco pasó de noche, pero 61 años después –sin olvidar las 120 millones de hectáreas concesionadas a los privados–, no más de tres o cuatro magnates nacionales y unos cuantos corporativos foráneos acaparan entre 80 y 85 por ciento de la explotación y el jugoso beneficio de la minería que López Mateos mexicanizó, “por el bien del país”, por mucho que, en los hechos, promovió y fortaleció al oligopolio sectorial. En 1961, el capital mexicano en la minería sólo representaba 10 por ciento.

Pues bien, desde el inicio de su mandato López Obrador anunció que no se otorgarán más concesiones en dicho sector, amén de que recién anunció: “acabo de firmar la iniciativa de reforma a la ley minera”, con el litio por delante, cuya propiedad, explotación y beneficio será exclusivo de la nación. Y ello resulta más que urgente, porque los buitres nacionales y foráneos ya se frotaban las manos.

La reforma constitucional en materia eléctrica –que el próximo domingo se vota en San Lázaro– incluye a dicho metal estratégico con las consideraciones líneas arriba mencionadas, pero, dijo López Obrador, “si no hay dos terceras partes, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores, ya lo tenemos: acabo de firmar la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. Entonces, vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa del litio. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”.

Como bien lo subraya el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, es fundamental la reforma a la ley minera para garantizar que el litio sea declarado un mineral estratégico propiedad de la nación. “Se requiere, además, una modificación integral de esa legislación, una revisión a fondo, porque en las pasadas cuatro décadas se fue adaptando a los intereses de las empresas nacionales y extranjeras. Desde hace 40 años los gobiernos de PRI y PAN la fueron flexibilizando para permitir que las empresas privadas, nacionales y extranjeras obtuvieran todo el control de las concesiones, acumularan tierras que son de la nación, muchas las mantuvieran ociosas y hasta las enajenaran, contaminaran el medio ambiente, sin sanciones destruyeran pueblos y acumularan ganancias, porque su contribución fiscal es muy poca. Esto tiene que cambiar, independientemente del litio, el ajuste a la ley minera debe ir a fondo si queremos mantener la soberanía sobre nuestros recursos minerales; si no los detenemos, se van a querer quedar con todo el país” ( La Jornada, Andrea Becerril).

No sólo eso: “tengo conocimiento –dice Gómez Urrutia– de cómo los empresarios, cuando ya no explotan las minas, se apoderan de las tierras, que son propiedad de la nación, y crean incluso un mercado inmobiliario ilegal; uno de los cambios fundamentales es restablecer en la ley que las concesiones se cancelarán automáticamente si después de dos años no las explotan. Además, revisar todo el esquema fiscal, que lesiona al Estado” (ídem).

Las rebanadas del pastel

Y este Domingo de Resurrección (de la soberanía eléctrica), todos los ojos puestos en San Lázaro.