La reforma que impide que pensiones y recursos provenientes de programas sociales sean embargados por instituciones crediticias avanzó ayer en la Cámara de Diputados, al ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con esa modificación, la morenista Aleida Alavez dijo que se hace valer el derecho al mínimo vital. Explicó que faltó blindar la entrega de esos apoyos, por lo cual los bancos se apoderan de ellos cuando hay algún adeudo del cuentahabiente. Si bien esa práctica no es ilegal, si es injusta, puntualizó.

En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, su correligionario Hamlet García destacó que este año, la pensión para adultos mayores va a significar una derrama económica de 238 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto total del gobierno de la Ciudad de México. “Esto es lo que estamos protegiendo”, enfatizó.

La reforma contempla incluir en el artículo 4 de la Constitución que los apoyos económicos, pensiones y becas otorgados para combatir la pobreza “no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos de particulares”.

La propuesta se presenta para evitar que, como ya ocurre, que sin el debido proceso, los bancos descuenten fondos recibidos de las becas o pensiones para cobrarse deudas; tales prácticas equivalen a un embargo de bienes, han señalado los legisladores.

En el dictamen se plantea que el descuento que ejercen las instituciones de crédito, cuando se trata de recursos provenientes de programas sociales, coloca a la persona en un estado adicional de vulnerabilidad, pues se genera un daño económico que afecta su subsistencia y la de su núcleo familiar.

El alcance de la propuesta es tal que, denunciaron legisladores, cabilderos de los bancos se han acercado a distintos grupos parlamentarios para tratar de frenarla.