Ciudad de México. Por violaciones a los derechos humanos de las personas adultas mayores, a la seguridad y legalidad jurídica, así como al principio de no devolución, en agravio de una persona migrante de 79 años de edad, deportada en 2019, y que había realizado una solicitud de refugio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.

La víctima, de origen guatemalteco, señaló que el 9 de octubre de 2020 fue detenida afuera de las instalaciones de un hotel, por personas servidoras públicas del INM. Al momento contaba con 79 años y se encontraba en territorio mexicano desde inicios de noviembre de 2019, fecha en que solicitó el reconocimiento de la calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ocasión en la que refirió que, de regresar a su país, su vida se encontraría en riesgo.

Pese a ello, el instituto inició un procedimiento administrativo migratorio y determinó la deportación a su país de origen, sin considerar que la víctima “se ubica en el grupo de atención prioritaria de las personas adultas mayores, además de que contaba con la protección del derecho de no devolución”.

Además, una vez deportada, esta persona fue recluida en un centro de privación de la libertad y, según expresó, los primeros ocho meses “la pasó muy mal”, pues refirió que le robaban su comida, le enlodaban sus cobijas, alguna vez le ensuciaron su cepillo de dientes con materia fecal, y era intimidado por un “sicario”, quien amenazaba su vida e integridad.

Ante estos hechos, la CNDH solicitó al comisionado del INM que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se realicen todas las acciones necesarias a efecto de que se llegue a una reparación integral del daño para la víctima directa e indirecta de este caso, que incluya una compensación justa y suficiente. Además de realizar las gestiones y acciones idóneas a fin de que se repare la falta de observancia del principio al debido proceso en el Procedimiento Administrativo Migratorio que derivó en su ilegal deportación.

De igual manera, pidió al INM que diseñe e imparta un curso en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, a la seguridad jurídica y legalidad, del principio de no devolución, poniendo énfasis en los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración y solicitantes de refugio.