Además de incluir la electricidad como derecho humano, a la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador se le añadirá la figura de generación distribuida con objeto de permitir a familias, comunidades y pequeños negocios producir su propia energía.
Con ello se elimina el modelo de autoabasto, que sólo favorece a las grandes empresas, y se atenderá una parte de las recomendaciones que se presentaron en los foros, indicaron diputados de Morena consultados sobre el avance de la redacción del proyecto de dictamen.
En dichos foros, la Conferencia Nacional de Gobernadores presentó la propuesta de incluir en el artículo 4º de la Constitución, el derecho humano a la electricidad, mientras representantes de comunidades plantearon se les permitiera constituir sociedades de autogeneración.
Los legisladores explicaron que la figura de generación distribuida permitirá que no se confunda con las sociedades de autoabasto, que no lo son.
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, dijo en enero a la bancada de Morena que ese modelo vulnera la ley al contar con casi 70 mil asociados que no pagan su consumo y se han convertido “en monopolios privados extranjeros”.
Conforme al calendario previsto por las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales, el proyecto de dictamen será circulado a sus integrantes a más tardar el próximo lunes.
Ayuda a familias no a corporativos
Las fuentes en Morena explicaron que las comisiones votarán el dictamen 11 de abril, para que el pleno de la cámara lo discuta el 12. En la bancada se ha avanzado en la negociación para captar más votos en favor del proyecto de PRI, PRD y MC. El PAN anticipó que lo rechazará.
Sobre cómo se reducirán las tarifas domésticas, los legisladores explicaron que en la reforma a la Constitución no se reflejará una baja en los precios, “pero como consecuencia de declarar la electricidad como un derecho humano, el paso que sigue es la legislación secundaria” y ahí se determinará que el subsidio se dirigirá al consumo habitacional y no a las grandes empresas.
Respecto de la preocupación que han expresado las bancadas opositoras porque no se considera la transición energética en la reforma, manifestaron que ese interés no es en favor del medio ambiente, sino porque se acabará el subsidio que obtienen las empresas a través de los certificados de energías limpias.
El texto que busca aprobar el Congreso, mandata al Estado a la transición energética.