Ciudad de México. Los contratos otorgados el sexenio pasado en el sector energético y en la minería no serán cancelados, aun cuando la mayoría no ha mostrado actividad productiva y son utilizados sólo para la especulación financiera, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De los 110 contratos derivados de la reforma energética sólo dos están operando, aun cuando ya pasaron seis años desde su emisión, precisó.

“Entonces, si quisiéramos –ya ven que se quejan de que no hay confianza y que no hay estado de derecho y que se asusta la inversión– si fuésemos estrictos, ya hubiésemos cancelado los 108 contratos.”

Afortunadamente, no les dio tiempo y con la reforma sólo abarcaron 20 por ciento de toda la zona petrolera, añadió.

“Lo mismo en el caso de la minería, no hemos cancelado una sola concesión, y podríamos hacerlo porque se les entregaron y no han invertido absolutamente nada. Son como las famosas tierras o bienes de manos muertas en la época de la Reforma, o sea, son actividades improductivas, sólo dedicadas a la especulación.”

En respuesta a críticas del grupo del PAN en el Senado, el Presidente indicó que la reforma eléctrica no fortalece un monopolio estatal, “no cierra la puerta a los inversionistas nacionales y extranjeros y tampoco cancela de forma indiscriminada contratos establecidos bajo las actuales regulaciones.

“Las empresas privadas tendrán la oportunidad de participar en 46 por ciento” de un mercado cuyo valor ronda 22 mil millones de dólares, resaltó el Ejecutivo federal.

En el documento en el que respondió a las preguntas que le formularon todos los grupos parlamentarios, se refirió al cuestionamiento panista sobre probables afectaciones a los inversionistas privados y recalcó que “sólo en los casos en que los contratos y permisos hayan ido más allá de lo que la ley permite, habrá revisiones”.

Se busca terminar con subsidios de transmisión

Lo que se busca, recalcó, es terminar con los innecesarios subsidios de transmisión que sin merecerlo están recibiendo sociedades de simuladas de autoabasto, que en realidad son socios comerciales.

Se busca, también, atender la expedición desordenada de permisos de generación que se dio bajo las anteriores regulaciones, particularmente de energía renovable intermitente.

La CFE, se precisa en el documento enviado al Senado, es la empresa productiva del Estado que tiene la responsabilidad de suministrar insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del país, de forma eficiente y sustentable, económica e incluyente, mediante una política que priorice la seguridad y la soberanía energética nacionales y fortalezca el servicio público de electricidad.

No obstante, señala el Presidente, las modificaciones impuestas en administraciones pasadas, generaron un proceso que debilitó la operación de la CFE, al obligarla a otorgar subsidios a sus competidores con gran perjuicio para la empresa del Estado.

El Ejecutivo federal rechazó que la reforma propicia energías sucias, pues dijo que con la reforma serán las plantas hidroeléctricas de la CFE las primeras en colocar energía limpia y sin la intermitencia que presentan otras energías renovables.