Del 17 al 21 de enero pasado trabajadores mineros que laboraban en la mina de Cananea, Sonora, bloquearon un tramo de la carretera Cananea-Ímuris en busca de solución de un añejo problema laboral. Data de 2007 cuando, con el aval del gobierno de Felipe Calderón, esa empresa de Germán Larrea (el segundo hombre más rico en dólares del país) despidió a mil 200 mineros. Pertenecían a la sección 65 del sindicato del ramo. Quienes realizaron el bloqueo laboraban en la Compañía Minera de Cananea, que en junio de 2010 cambió de nombre a Buenavista del Cobre. Ese año los cesados tomaron las instalaciones de la empresa. La fuerza pública los retiró violentamente.
El bloqueo de la carretera afectó a miles de vehículos y causó pérdidas económicas y malestar en la población de la entidad. Fue levantado gracias a la intervención de la Secretaría de Gobernación, donde ahora se realizan negociaciones entre sindicato y gobierno para dar solución al conflicto. Lo ocurrido confirmó que otra dependencia federal, la del Trabajo, fue rebasada por los hechos.
Buenavista del Cobre es el mayor complejo de extracción de ese mineral a cielo abierto del país. Produce unas 450 mil toneladas al año. Se ubica en el nacimiento de las cuencas de los ríos Sonora y San Pedro y cerca de otras tres: Magdalena, Santa Cruz y Yaqui. Se trata de una región fundamental para el abastecimiento de agua superficial y subterránea que requieren comunidades y actividades económicas de varios municipios, incluyendo la ciudad de Hermosillo.
Pese al respaldo que el gobierno de Calderón y el de su sucesor, Enrique Peña, dieron al poderoso empresario, los mineros no han cesado en su reclamo de justicia. Y se hizo más visible a raíz del derrame de sustancias tóxicas ocurrido en el complejo extractor en agosto de 2014. Afectó al río Sonora, a miles de familias y a los recursos naturales y productivos de la región. En su tipo, es la mayor tragedia ambiental en la historia de México. A ella me referí aquí puntualmente en varias ocasiones.
En el fondo de todo lo que sucede se encuentra la concentración del agua que desde el siglo XIX lograron los diversos propietarios de las tierras y las minas. De ello da cuenta pormenorizada el doctor José Luis Moreno, de El Colegio de Sonora, en su reciente libro: Acaparamiento y deterioro del agua en el noreste de Sonora, de lectura obligada para las instancias oficiales que deben velar por el uso racional y la justa utilización del vital elemento, y que han hecho lo contrario. El autor describe con datos muy precisos lo ocurrido los últimos 120 años con la tierra, el agua, los bosques y los minerales del noreste sonorense; las luchas de la población por evitar el despojo de recursos que son de la nación. También refiere la explotación continua que han sufrido los mineros. Cabe recordar al respecto la huelga que realizaron en 1906, preludio de la Revolución Mexicana.
Ese acaparamiento favoreció por décadas a empresarios de origen estadunidense y desde 1990 al Grupo México, del magnate Larrea. El funcionamiento del citado complejo minero exige agua en abundancia. Lograron tenerla al máximo durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. En el actual, la situación no ha variado. Esa concentración perjudica a los campesinos y a sus actividades agropecuarias; a otros productores, a los centros urbanos y a la economía y los servicios de tan importante región. Igualmente afecta al medio ambiente por la sobrexplotación de los acuíferos.
El doctor Moreno revela el proceso por el cual el Grupo México dispone ahora de 135 aprovechamientos y un volumen concesionado de 63.9 millones de metros cúbicos de agua subterránea. Y cómo la sección 65 del sindicato minero, atacado por años, aprovechó el impacto negativo del derrame de 2014 para abrir un nuevo frente de batalla que se expandió este mes. El reconocido investigador denuncia también lo peligroso del nuevo proyecto minero del Grupo México: El Pilar, en la cuenca del río Santa Cruz, a 45 kilómetros de Cananea y a cielo abierto. Afectará especialmente a la ciudad de Nogales y a los productores agropecuarios de la región.
Por décadas, los negocios de la segunda fortuna del país tienen el apoyo decidido de todas las instancias gubernamentales. Y ello, a costa del bienestar de miles de familias y de los recursos naturales. ¿Hasta cuándo?
