Desde 2014 a la fecha el gobierno federal ha entregado a generadores privados de electricidad 490 mil millones de pesos por concepto de subsidios señaló la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica.

Durante el foro que duró poco más de cinco horas, Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, apuntó que cuatro corporaciones, incluida Iberdrola, concentran el 40 por ciento de la generación privada del país y reciben subsidios, llamados así “porque no pagan la transmisión, no pagan el respaldo, no pagan el porteo y porque los productores independientes tienen tarifas crecientes”.

“Es un subsidio porque el costo de electricidad va hacia abajo y sus tarifas van hacia arriba”, añadió.

Destacó que desde que se implementó la reforma de 2013 a la fecha el gobierno federal ha entregado recursos por alrededor de 490 mil millones de pesos a privados.

Señaló que ese dinero es pagado por los contribuyentes, los trabajadores y el resto de la población, porque la CFE no es propiedad del presidente Andrés Manuel López Obrador ni su director general Manuel Bartlett Díaz , quien no acudió a la cita con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

De los 490 mil millones de pesos, 421 mil millones de pesos han ido a parar a productores independientes de energía (PIE) y 69 mil millones a plantas de auto abasto. Ambas figuras fueron creadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y sobrevivieron a los cambios de la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a los diputados “no dejarse engañar” por las cifras que mostró la estatal e indicó que sólo el 3.5 por ciento de los privados reciben un estímulo por renovables. El director de CFEnergía respondió al dirigente empresarial que probara la falsedad de los datos.

Reyes Hernández agregó que el sector privado sólo ha invertido 11 mil millones de dólares de los 44 mil millones de dólares que han sido reconocidos por el CCE.

Sin embargo, “se han financiado de recursos de los contribuyentes y trabajadores mexicanos a través de las Afores, fondos de banca de desarrollo y créditos de bancos comerciales cuyos ahorros son de los mexicanos”.

Explicó que el 40 por ciento de los 40 mil millones de pesos corresponden a créditos sindicados, el 35 por ciento de la banca de desarrollo, 20 por ciento de fondos de inversión y solo el 5 por ciento directo del sector privado.

Salazar Lomelín reconoció que el financiamiento no viene de los bolsillos de los privados, pues es una práctica normal para todo aquel que quiere financiar un proyecto

“Quisiera saber quién en el país, desde el pequeñito hasta el más grande, no se aprovecha de sistema financiero para apalancar sus inversiones. Para eso están los mercados”, dijo.

Remarcó, antes de señalar que en breve se anunciará el tercer paquete de inversiones del sector privado en infraestructura, que la misma CFE creó una fibra, un vehículo financiero, para tratar de financiar sus propias inversiones.

Consideró que existe una relación de amor-odio entre la empresa estatal y el sector privado. Anotó que hay más de 150 proyectos que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos.

Desmintió que las empresas hayan operado ilegalmente y pidió que “que se castigue a quien haya violado la ley”.

Francisco Salazar, uno de los autores de la reforma energética de 2013 y ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señaló que las tarifas eléctricas no bajarán con los cambios propuestos, pues la única forma es aumentar los subsidios.

El economista Carlos Guerrero Lizardi criticó que la reforma de 2013 obligó a la CFE a no utilizar su capital.

Mariana Campos, de México Evalúa, comentó que los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal costarán 60 mil millones de dólares, dato que fue cuestionado por el petista Gerardo Fernández Noroña.

La especialista dijo que la cifra estimada es manejada por el sector financiero y apuntó que el gobierno federal no entregó el presupuesto de la implementación de los cambios.