Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará a analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición en contra Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), lo que decida el máximo tribunal no afectará el proceso ya en marcha, programado para el primero de abril, señala el proyecto de resolución elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Se trata del juicio promovido por diputados del PAN, PRI y PRD, en el que afirman que la LFRM sería contraria a la Constitución, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Carta Democrática Interamericana e incluso a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Uno de los principales puntos a resolver es la inclusión, en el artículo19, fracción V, de la ley impugnada, de la frase “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, en la pregunta que se decidió plantear en la consulta. Los legisladores inconformes afirman que lo anterior supone incluir el concepto de “ratificación”, el cual no está establecido en la Carta Magna.
Al respecto, el proyecto del ministro Pardo les da la razón y declara la invalidez de esta parte del artículo impugnado.
El proyecto también propone invalidar los artículos 59 y 61 de la LFRM, que norman los medios de impugnación y las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para este proceso.
Sin embargo, en ambos casos, el ministro Pardo propone que esta invalidez comience a tener efectos hasta el 15 de diciembre próximo “A fin de no afectar el proceso de revocación de mandado del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024”.
No importa el presupuesto
El pleno del máximo tribunal también deberá acordar sobre la polémica en torno al financiamiento para la consulta sobre la revocación de mandato, razón por la cual el INE planteó aplazar el ejercicio.
Pardo señala que la revocación de mandato debe realizarse incluso sin que se haya dotado al órgano electoral de un presupuesto adicional: “La Constitución federal no establece una obligación expresa para el Congreso de la Unión para regular y proveer el presupuesto que el INE requiera para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024”.
Por tratarse de una ley ya vigente, para que el proyecto de Pardo sea aprobado será necesario que se realice por votación de mayoría calificada; es decir, por al menos ocho de los 11 ministros del pleno.
