A más de una década de los “crímenes de lesa humanidad” que se cometieron en el penal de Piedras Negras, Coahuila, por parte de Los Zetas –con anuencia de las autoridades–, pocos son los altos mandos enjuiciados, por lo que víctimas y sus familiares siguen sin acceder a la verdad y la justicia, denunciaron organizaciones. Ante ello, llamaron a la Fiscalía General de la República a atraer el caso.
En este Centro de Reinserción Social (Cereso), entre 2009 y 2012 este grupo criminal torturó, asesinó y desapareció personas, por lo menos a 150, y lo usaron “como un centro de distribución” y operación, tenían el control absoluto, era “un refugio donde podían entrar y salir a discreción”, recordó Enrique Martínez, encargado del área de litigio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Yolanda Vargas, madre de Brenda Zúñiga Vargas, policía municipal de esta ciudad desaparecida desde 2010, platicó a La Jornada que el año pasado, a través de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, se enteró de que el nombre de su hija está en el expediente de este caso como una de las más de cien personas que habrían sido llevadas a esa prisión y que “ya no salieron”.
“Un reo del penal la identifica como una de las muchachas que entró al Cereso y ya no salió”, dijo. Sin embargo, aseguró que a la fecha la Fiscalía General del estado no le ha notificado nada al respecto. En el expediente, dentro de la averiguación de la desaparición de Brenda, “tampoco aparece nada sobre esto, pero si mi hija entró al penal, que investiguen qué pasó con ella”, demandó.
Yolanda recordó que la última vez que vio a su hija fue el 21 de junio de 2010, cuando Brenda, de 21 años de edad y madre de dos menores, la visitó en su trabajo. Al salir a buscarla, “encontramos desorden en su casa y vimos que alguien llevaba su vehículo, le avisamos a las autoridades. La fiscalía lo detuvo para sólo tomarle su declaración y tan pronto lo soltaron yo ya estaba recibiendo amenazas”, narró.
Enrique Martínez recordó que masacres como las de Allende en 2011 también apuntan a este Cereso. “Lo que sabemos es que personas que fueron desaparecidas en esa ciudad pudieron haber sido llevadas al centro penitenciario, y también que gente que estuvo cooperando para poder hacer esto pudo haber salido del propio penal”.
Ariana García, asesora jurídica de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, afirmó que servidores públicos, principalmente del área de seguridad, coludidos con la delincuencia organizada, participaban en las detenciones y en el ingreso de cuerpos al Cereso, que “eran mutilados y cocinados, se les vertía en tambos con ácido”. Ante ello, aseveró, “es indispensable que la federación atraiga este caso”.
