Este lunes vence el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente el recurso de apelación en contra del sobreseimiento de las acusaciones formuladas en contra de 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal señalados de presuntos actos de corrupción que beneficiaron a las empresas constructoras de ocho centros de reclusión que se contrataron durante el gobierno de Felipe Calderón.
Funcionarios ministeriales indicaron que la FGR buscará que un tribunal revoque la resolución emitida por el juez federal Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien determinó que los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa que se imputaron a tres de 17 acusados ya habían prescrito, y que el resto de los ex servidores públicos no habían incurrido en actos ilícitos, ya que los convenios modificatorios que signaron no estuvieron relacionados con el incremento en los costos de construcción de los ocho ceferesos.
Contratos autorizados por Genaro García Luna
Los centros federales que se señala fueron construidos con sobreprecio, se contrataron entre 2010 y 2011 con recursos privados y autorización de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal durante el gobierno de Felipe Calderón.
En enero del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina una maquinación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en 2010, al entregar en adjudicación directa ocho contratos a la iniciativa privada para igual número de reclusorios con un costo total de 266 mil 300 millones de pesos, y que una vez finalizado el trato, las instalaciones continuarían perteneciendo a los empresarios.
Los centros construidos con recursos privados se localizan en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán.
