Nueva York. El gobierno de México rechazó los argumentos de ocho armeros estadunidenses y solicitó al juez de un tribunal federal en Massachusetts mantener vigente la demanda civil en contra de los acusados por su negligencia en la fabricación y venta de sus armas que nutren la violencia de carteles en México, y al mismo tiempo, catorce procuradores generales de varios estados, decenas de fiscales distritales de todo el país y varias de las principales organizaciones civiles estadunidenses dedicadas a la prevención de la violencia de las armas se sumaron al caso legal en apoyo a México.

En la respuesta formal de México registrada este lunes ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts en respuesta a los armeros demandados, que solicitaron al juez que descartara el caso en noviembre, se afirma que “la petición de los acusados para descartar esta queja busca impunidad por esta conducta” de “diseñar y fabricar armas de guerra, y comercializar y venderlas de una manera que saben que arma de manera rutinaria a los carteles de droga en México”. Subraya que esa conducta “causa daños devastadores al Gobierno de México y sus ciudadanos”.

Al responder al argumento de los acusados de que este caso representa “un choque entre valores nacionales” donde México desea imponer los suyos en Estados Unidos, el gobierno de México argumenta que esta demanda “refleja la coordinación de, y el respeto mutuo para, los derechos, valores y responsabilidades soberanas de cada quien dentro de sus jurisdicciones”.

México argumenta que la Segunda Enmienda de la Constitución estadunidense, que los armeros y sus defensores siempre insisten protege el derecho a las armas, “no confiere un derecho a los acusados a vender, comercializar o diseñar armas, especialmente armas de asalto, de manera negligente y facilitar su tráfico fuera de Estados Unidos. Y no confiere en ninguna persona, dentro o fuera de Estados Unidos, un derecho a participar con los acusados en esa conducta”.

El gobierno de México, en el documento de 46 cuartillas, responde punto por punto a los argumentos presentados por escrito por los armeros estadunidenses solicitando la anulación de la demanda civil, concluyendo muy escuetamente: “por las razones declaradas aquí, el Tribunal debe negar en su totalidad la solicitud conjunta de los acusados de descartar” el caso.

A la vez, seis de las principales organizaciones estadunidenses de prevención de violencia de armas de fuego solicitaron al tribunal permiso para sumarse al caso a favor de la demanda interpuesta por México y presentar sus argumentos por escrito contra los argumentos de los armeros acusados en esta demanda. Esto sería en calidad de “amigos de la corte” (amici curiae), una forma aceptada para que otros que no son partes en la disputa ante el tribunal puedan presentar sus consejos y opiniones en el interés publico.

Argumentan que mientras los acusados buscan caracterizar este caso como “un choque de valores nacionales” con México amenazando “las libertades constitucionales estadunidenses”, omiten “nuestros valores compartidos: respeto a la vida humana y vivir libres de la violencia de las armas”.

Entre estas organizaciones se encuentra Everytown for Gun Safety (la organización más grande del país con m+as de 8 millones de afiliados), Violence Policy Center, Giffords Law Center to Prevent Gun Violencia, Newtown Action Alliance (la cual surgió después de la matanza en la primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012), Global Exchange y la relativamente nueva March for Our Lives Action Fund que surgió de la matanza una preparatoria en Parkland, Florida y generó un nuevo movimiento de jóvenes a favor de imponer controles mas estrictos sobre las armas.

Al mismo tiempo, los procuradores estatales de 13 estados y la capital Washington DC, solicitaron autorización en calidad de “amigos de la corte” para apoyar la posición de México contra los argumentos de los armeros para desechar el caso. Los procuradores generales son de los estados de California, Nueva York, Illinois, Maryland, Michigan, New Jersey, Nuevo México, Oregon, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Hawaii y Minnesotta.

A nivel local, decenas de fiscales municipales y de condados de todo el país - incluyendo el de San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Austin, Seattle, entre otros también registraron un argumento colectivo en apoyo de la posición de México para mantener vigente la demanda contra los armeros.

Por otro lado, Antigua y Barbuda y Belice y la red de ONG Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe (SEHLAC), también registraron un documento en apoyo de la demanda de México, tambien en calidad de “amigos de la corte”. Afirman que aunque Mexico es la única parte acusadora en este caso, “los negocios de los acusados tambien han dañado, y continúan dañando, muchas otras naciones”.

Argumentan que Los fabricantes y distribuidores de armas de una sola nacional no debería ser permitidos tomar como rehenes a los ciudadanos que cumplen la ley de una región entera del mundo”. Agregan que un remedio adecuado a esta situación no solo beneficiaria a México sino “salvaría muchos vidas a través de la región”.

A la vez, la organización Scholars of International Law también apoyó la posición de México en este caso.

El caso ahora procede con el tribunal estableciendo un próximo plazo hasta el 28 de febrero para aceptar la respuesta de los ocho armeros a esta respuesta de México. A partir de eso - si es que no hay otras solicitudes presentadas ante el tribunal - el juez federal encargado de la causa, F. Dennis Saylor emitirá un fallo sobre si acepta el argumento de México para proceder con el juicio.

México presentó su demanda civil contra empresas fabricantes de armas y un distribuidor en Estados Unidos el 4 de agosto ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts. México argumenta que los fabricantes deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda están buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas en frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia al otro lado de la frontera.