Hasta ahora, sin olvidar el recuento histórico, la inagotable riqueza minera del país y sus usufructuarios arrojan algunos resultados concretos, y no precisamente para bien de la República: concentración creciente de la actividad, barones cada día más opulentos, estados donde extraen los minerales cada vez más pobres, violación permanente de la legislación laboral, regadero de tóxicos por toda la geografía nacional, rotunda negativa a cumplir con las obligaciones fiscales y autoridades gubernamentales que ni atan ni desatan para no molestar a esos ilustres personajes.

Es política de la actual administración nodar más concesiones mineras (que han llegado a involucrar a 60 por ciento del territorio nacional), lo que, si bien es una decisión correcta, no resulta suficiente para proteger los intereses del país ni a los dueños de esa riqueza: los mexicanos, despojados por el régimen neoliberal.

La Jornada (Braulio Carbajal) documenta lo siguiente: “los impuestos que pagó la industria minera al gobierno federal se desplomaron 42 por ciento, mientras el valor de su producción, es decir, el precio internacional de todos los minerales y metales que extrajo del subsuelo mexicano creció 17 por ciento, según información de la Cámara Minera de México (Camimex). Los datos más recientes del organismo –que aglutina a gigantes como Grupo México, propiedad del segundo hombre más acaudalado del país, Germán Larrea–, indican que en 2018 el valor de la producción minera del país fue de 241 mil 634 millones de pesos, mientras en 2020 fue de 281 mil 516 millones, lo que equivale a un aumento de 16.5 por ciento. En tanto, los abonos fiscales que pagó el sector en 2018, integrados por el impuesto sobre la renta (ISR), derechos superficiales y nuevos derechos, ascendieron a 52 mil 604 millones de pesos en 2018; sin embargo, para 2020 se desplomaron a 30 mil 374 millones”.

Un grupúsculo de barones cada día más ricos que “aportan” cada vez menos a las arcas nacionales, porque se niegan, entre tantas otras cosas, a cumplir con el fisco (y parece que les permiten el “capricho”), de tal suerte que así como la minería significó creciente riqueza para el imperio español en tiempos de la Colonia, en este México “moderno” regenteado por los neoliberales esta actividad sólo ha generado fortunas de ensueño –libres de impuestos– para unos pocos –incluidos los consorcios extranjeros, como los canadienses– y miseria en los territorios con un abundante inventario de minerales.

De hecho, la Cámara Minera de México (controlada por los mismo barones) presume que, gracias a su cabildeo, “se logró evitar que en Sonora se impusieran impuestos ecológicos para el ejercicio 2021”, no obstante que “en los últimos años” la actividad minera en ese estado de la República “ha sido la más importante en el ámbito nacional” por sus niveles de producción que “lo colocan en el primer lugar nacional” (la información es del Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía).

Mientras los barones disminuyen las “aportaciones” al fisco, sus fortunas crecen como la espuma. Por ejemplo, en las últimas dos décadas la correspondiente al tóxico Germán Larrea (zar del cobre) se multiplicó por 23.5, la de Alberto Bailleres (zar de la plata) por ocho, y la de Slim en esa misma proporción (aunque este magnate tiene otras empresas más productivas), al tiempo que las trasnacionales mineras de origen canadiense (la reinas del oro) se incrementan de forma espectacular.

¿Y los impuestos? A mediados de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que, no obstante los voluminosos cuan crecientes ingresos de los consorcios mineros, la tasa efectiva de impuesto sobre la renta que“aportan”, en promedio, es de 5.51 por ciento en el caso del oro (canadienses); 6.78 por ciento en el del cobre (Larrea) y 7.98 por ciento en el de la plata (Bailleres), cuando les corresponde 30 por ciento. Y van por más, si se los permiten, porque todo lo quieren para ellos y gratis.

Las rebanadas del pastel

Atento saludo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle: “los contratos para generar electricidad firmados en el sexenio pasado, con vicios muy oscuros y en condiciones ventajosas para las empresas privadas, se revisarán las veces que sea necesario; los consorcios nacionales y extranjeros deberán asumir los riesgos por haber firmado contratos leoninos; los mexicanos no deben seguir por 20 años en una esclavitud comercial, con reglas inequitativas impuestas por una administración anterior”.