Mexicali, BC. La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra Periodistas y el envío al Congreso local de una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California con el propósito que se considere agravante los delitos en contra de periodistas.

Al frente de la fiscalía fue designado Atalo Machado, un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Tijuana, especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

En conferencia de prensa, la morenista dijo que hizo contacto con los familiares de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, para darles el pésame y brindarles su apoyo.

Por su parte, el fiscal General del Estado Ricardo Iván Carpio, reiteró que hasta el momento no existen indicios científicos para relacionar el asesinato de Maldonado López con su ejercicio periodístico o con el litigio laboral con el exgobernador Jaime Bonilla.

No obstante, advirtió que serán agotadas todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio y que, en caso de requerirse, conforme a la investigación “esta persona (Bonilla Valdez) podría ser llamado a la FGE. No vamos a descartar ninguna hipótesis”, comentó.

La periodista Lourdes Maldonado López contaba con vigilancia de la policía municipal y estaba inscrita en el Sistema Estatal de Protección y Atención a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Baja California, con vigencia a febrero de 2022.

Sobre el mecanismo de protección a la comunicadora, el secretario General de Gobierno Catalino Zavala Márquez, dijo que sí existía, pero fue insuficiente.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que la periodista tenía vigilancia policiaca en su domicilio, pero no fue suficiente por lo que ahora se revisan los protocolos de atención y protección de un mecanismo que está en marcha y en proceso de armonización.

La corporación policiaca responsable de brindarle seguridad a Maldonado López era la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana.

Al respecto, la alcaldesa Monserrat Caballero precisó que se trataba de una orden de "restricción" que consistía que los policías se comunicaban tres veces al día, durante la mañana al inicio de su jornada laboral, en la tarde y en la noche cuando llegaba a su casa.

"Seguramente alguien sabía su rutina", dijo la morenista, al tiempo de señalar que su administración hizo lo que estaba en sus manos, y no hubo omisiones pues se cuenta con los reportes policiacos.

Mientras, una decena de regidores de Tijuana pidieron transparencia y resultados a la Fiscalía General del Estado y a las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y municipal.

En los últimos tres años, la periodista fue víctima de agresiones a su patrimonio y a su ejercicio periodístico, lo que la ubicaba en riesgo y estaba en peligro su vida, advirtieron.

En tanto, el director de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, anunció la activación de protocolos y mecanismos administrativos y de gestión para la protección de periodistas para evitar situaciones de riesgo.