El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, expuso ante diputados de Morena que las sociedades de autoabasto pueden ser demandadas, porque no están autorizadas para vender energía y, sin embargo, 110 de ellas vulneran la ley al contar con casi 70 mil asociados que no pagan su consumo de electricidad, y se han convertido en “monopolios privados extranjeros”.
En un diálogo con los legisladores de ese partido, antes del inicio del periodo de sesiones ordinarias, detalló que en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se prevé la transición energética como responsabilidad de la CFE, y que al ser “un desarrollo tecnológico de enorme importancia, es un asunto del Estado; en esa transición se contemplan también los automóviles eléctricos”.
Ante las preguntas de los legisladores sobre qué empresas no pagan su consumo, respondió que la sociedad tiene derecho a saber quiénes son esos clientes y que, cuando tenga autorización, los dará a conocer.
Bartlett sostuvo que la reforma energética de 2013, en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, tuvo como objetivo desaparecer a la CFE para dejar el control del Sistema Eléctrico Nacional a las empresas extranjeras. Resaltó que, bajo ese modelo, las sociedades de autoconsumo se han convertido en un monopolio en distintos estados, y ejemplificó que en Nuevo León, ese modelo lo ejerce Iberdrola.
Recordó que el actual gobierno intentó cambiar el modelo de suministro para que la CFE tuviera un mayor control en la distribución de la energía; sin embargo, las grandes empresas promovieron un amparo para tener el derecho de conectarse al sistema de energía eléctrica sin control alguno, poniéndolo en riesgo.
Además recordó cómo la generación de electricidad se realiza por seis empresas de la CFE que cuentan con autonomía total, compran energía en el mercado y tienen el objetivo de competir entre sí, lo cual genera que el presupuesto se divida entre todas, “de manera que es evidente que el propósito de la reforma de Peña era la eliminación de la comisión”.
El sistema establecido por Peña Nieto “es tramposo, en el que la competencia no existe, es un monopolio sin competencia como se ha estado diciendo en diversos foros”.
Bartlett rechazó ante los legisladores que, al definir en la Constitución que la CFE contará con al menos 54 por ciento del mercado de generación y suministro eléctrico, se invada al sector privado.
“En países como Estados Unidos la participación del Estado es prioritaria, en los sistemas municipales las presas son propiedad del Estado, con ello cuida su seguridad energética”, abundó.
