Entre los cabilderos contra la reforma eléctrica se encuentran ex funcionarios del sector energético que trabajaron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, quienes ahora representan a empresas nacionales y trasnacionales como Iberdrola, dijo ayer Guadalupe Correa, académica de la Universidad de Texas.
Al continuar los foros del parlamento abierto para la citada iniciativa, resaltó que esos lobistas utilizan granjas de bots para magnificar su mensaje en redes sociales, en tanto empresarios como Claudio X González padre, realizan aportaciones monetarias en Estados Unidos para promover una campaña contra la reforma.
La doctora en ciencias políticas puntualizó que entre los mencionados se encuentran la ex subsecretaria de Energía Lourdes Melgar, así como Gonzalo Monroy y Eleazar Castro.
En redes sociales los tres rechazaron el señalamiento.
Correa dijo que junto a analistas políticos, forman parte o están ligados a diversas plataformas, como la de México Evalúa y la Asociación Mexicana de Energía Solar, vinculadas a empresarios que tienen interés en que la reforma no se apruebe.
Poder al Estado o a la IP
Por su lado, Héctor Alonso Romero, jefe de la oficina de Luis Linares, integrante de la Comisión Reguladora de Energía, dijo que en el debate ha escuchado una y otra vez que la reforma daría a la Comisión Federal de Electricidad demasiado poder y eso sería peligroso. Pero lo que no ha escuchado es por qué tendría que darse a las empresas privadas.
Advirtió que si se otorga todo el poder energético del país a la iniciativa privada, ello podría derivar en un alza en las tarifas. En un escenario en el que no le guste una política pública, podría recurrir al aumento de los precios y con ello desestabilizar a un gobierno.
Mucho mercado y poco Estado, denuncian
José Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, expuso que en el país hay mucho mercado y poco Estado, y este último ha estado capturado por élites políticas y económicas que se han eternizado en el poder y lo han usado para negocios particulares.
Al manifestarse a favor de la reforma, puntualizó que la electricidad es un bien cotidiano y se requiere un Estado que construya acceso a la energía.
Julia González, del sector empresarial, insistió en que si se aprueba la iniciativa como fue enviada al congreso, es posible que el país deba pagar cerca de 70 mil millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar sus proyectos en la nación. Este monto representaría 20 por ciento del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos 2022.
