Apenas salido del hospital militar en donde le habían practicado un cateterismo cardiaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador generó nuevas turbulencias en el ánimo de sus opositores al hablar de un testamento político que ha redactado en previsión de su propia muerte.

Como lo planteó López Obrador en el video en que dio cuenta de su regreso a Palacio Nacional, la recurrencia a la figura del testamento político tiene significados justamente en ese terreno, el político, y de ninguna manera en el jurídico. No es ni puede ser una decisión vinculatoria (es decir, no obliga jurídicamente a su cumplimiento).

Sin embargo, la fiebre antiobradorista de algunos opinantes llevó a propalar la versión de que el tabasqueño pretendía sustituir los procedimientos establecidos en la Constitución para imponer, en caso de muerte, su voluntad en cuanto al sucesor.

A juicio de este tecleador, el actual Presidente de México hace bien en prever una eventualidad que durante muy largo tiempo fue soslayada en términos declarativos y de regulación jurídica. Pareciera sostenerse la pretensión de que el Presidente de la República fuese inatacable por enfermedades graves y discapacitantes o por la muerte.

López Obrador, a diferencia de la inmensa mayoría de sus antecesores (por no decir que la totalidad), es un líder político y social que mantiene ascendiente (predominio moral o influencia, es una de la acepciones de la RAE) sobre sus seguidores y asume la responsabilidad de dar una guía moral, cívica, política e incluso podría ser electoral a los participantes de un movimiento que explícitamente busca continuidad, el de la llamada Cuarta Transformación, en caso de la desaparición física de ese caudillo.

Como en otros temas de la cotidianidad política, los adversarios del obradorismo no pueden o no quieren entender un rasgo distintivo de lo que hoy sucede en el país: el rechazo ciudadano al pasado político se ha materializado en un avance de esa 4T en el control de la institucionalidad gobernante, por la vía pacífica y a través de las propias vías de ese pasado, las electorales, y ello no constituye una contravención legal, ni una dictadura en ciernes; tampoco preparar respuestas políticas ante incidentes no deseables, pero posibles.

El líder de ese movimiento, que tiene la Presidencia de la República, la mayoría en las cámaras legislativas federales y en muchas estatales, y la mayoría de los gobiernos de los estados (este año podrían ser 20 o 21), tiene derecho político a proponer a sus seguidores qué hacer en caso de que él muriera.

Y ellos, sus seguidores, y la nueva clase política cuatroteísta, también tendrían derecho a aceptar o rechazar el testado andresino (sobre todo si en la última voluntad política se incluyera una indicación específica, con nombre y apellidos, respecto a un personaje a apoyar para esa hipotética sucesión). Y los opositores a ese líder y a ese movimiento podrían hacer valer los recursos institucionales, mediáticos, políticos y electorales de que dispusieran.

El político tabasqueño (un infarto, hipertensión, dos contagios de coronavirus y un muy intenso ritmo de trabajo) es hoy la pieza central del funcionamiento del país (para bien o para mal, esa es otra discusión) y, en la hipótesis de una salida fatal de cuadro, sobrevendría una avalancha de ambiciones, intereses y peleas internas y externas por el poder.

Garantizar la gobernabilidad, dijo expresamente AMLO que es un objetivo de su testamento político, el cual, como él mismo comentó, “afortunadamente no va, creo yo”. Es probable que sus propios adversarios, algunos tan furibundos como políticamente ineficaces, deberían entender la importancia de la continuidad de las batallas institucionales y electorales y el aporte de AMLO (incluso con recursos como el multimencionado testamento) a que esa contienda tenga lógica y rumbo, incluso en la eventualidad del fallecimiento de quien ha impedido el desbordamiento de la irritación social. ¡Hasta mañana!

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