Frente a la denuncia que presentó el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de Cámara de Diputados, en contra de los consejeros electorales que buscaban aplazar la consulta de revocación de mandato, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que se trató de un hecho “muy grave” porque se “traspasó una frontera” y se pretendió usar un brazo del Estado para “amedrentar y amenazar” a miembros de un órgano por pensar distinto.
En un video difundido en redes sociales, dijo que las decisiones, “a veces polémicas”, que han tomado consejeros electorales “no deberían ser motivo de censura” o de persecución legal o política.
“Por eso es grave que el presidente de un Poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él. Se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios.”
Recalcó que, aunque la presión de organizaciones, actores políticos y hasta del Presidente de la República obligaron al presidente de la Cámara de Diputados a rectificar, las denuncias contra servidores públicos siguen su curso ante la FGR porque se persiguen de oficio.
“Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos, claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos”, expresó.
Luego de que el Tribunal Electoral ordenó al INE continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato, Córdova confirmó que el proceso sigue adelante “a pesar” de no contar con los recursos presupuestales suficientes para hacerlo. Si cumpliéramos con lo que la ley exige, adujo, el proceso implica un costo de 3 mil 800 millones de pesos.
Adelantó que buscarán incrementar los fondos para este proceso sin afectar o comprometer las facultades del INE o de sus trabajadores, y de no contar al final con los recursos necesarios, solicitarán una ampliación a la Secretaría de Hacienda.
No obstante, de no aprobarse más presupuesto, la consulta se hará con lo disponible, ya que “a lo imposible nadie está obligado”.
