La restructuración del sistema penitenciario federal –con el cierre de cuatro instalaciones, un nuevo esquema de vigilancia y la utilización de los ocho centros construidos en la modalidad de contratos de prestación de servicios (CPS)–, además de generar un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos, ha disminuido las incidencias de violencia y que los internos no posean en sus celdas objetos prohibidos, como televisores, armas punzocortantes, medicamentos y otras sustancias.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad y la respuesta a una solicitud de información pública realizada por La Jornada, revelaron que tras el cierre de instalaciones penitenciarias como las Islas Marías en febrero de 2019, el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente (mejor conocido como Puente Grande) en septiembre de 2020, el Cefereso 6 en Huimanguillo, Tabasco, y el 3 en Matamoros, Tamaulipas, permitió que el gobierno federal tenga un ahorro anual de 2 mil 500 millones de pesos al incrementar el número de internos en los CPS y utilizar los servicios contratados con las empresas constructoras de ocho centros penitenciarios.
En lo que va de esta administración federal la ocupación de los ocho CPS –que se localizan en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (que es femenil), Michoacán y Coahuila– ha pasado de tener un 20 por ciento por arriba de su capacidad, que es de 22 mil 696 lugares, a contar con 18 mil 453 internos, según cifras de septiembre de 2021.
Asimismo, las transferencias de personas privadas de la libertad han logrado que ninguna instalación federal tenga sobrepoblación, como ocurría con los Ceferesos 1 y 2 durante la administración anterior.
El cierre del Cefereso 2, en septiembre de 2020, puso al descubierto que este centro penitenciario, considerado de alta seguridad, presentaba grandes fallas en sus sistemas internos y perimetrales, falta de mantenimiento en todas las instalaciones, lo cual incluye la vigilancia y el mecanismo para el cierre de celdas.
En octubre de 2020 el entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró a La Jornada: “la estrategia de cambiar de cárcel a los internos se debe a que era necesario sacarlos de su zona de confort, ya que quienes estaban en el Cefereso número 2, tenían oportunidad de mantener un autogobierno en la institución penitenciaria”.
Reportes actuales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la dependencia, ahora dirigida por Rosa Icela Rodríguez, indican una disminución de las incidencias (homicidios, suicidios, agresiones, riñas y posesión de objetos prohibidos) en instalaciones del sistema penitenciario.
