En la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, beneficiarios del programa social Sembrando Vida (SV), de la Secretaría de Bienestar, denunciaron que los responsables de dicho esquema han incurrido en diversas irregularidades, entre ellas fijar metas de siembra de árboles y plantas, sin considerar si son realmente asequibles.

De igual forma, aseguraron, no les han proporcionado los insumos para alcanzar dichos objetivos; no han realizado una planeación adecuada del tipo de vegetación que debe sembrarse en cada tipo de suelo y han retenido los pagos de algunos derechohabientes sin explicarles la razón de ello.

En entrevista, el agricultor Pedro Hernández Ramírez indicó que, luego de haber participado durante casi un año y medio en un Centro de Aprendizaje Campesino (CAC), instalado en tierras de su propiedad, fue expulsado por las autoridades de la SB, señalado por acoso sexual, cuando en realidad “se trató de una represalia” por evidenciar las fallas del programa.

“Estuvimos trabajando durante un año, comprando las plantas y pagando los materiales del vivero de nuestra bolsa, cuando en las reglas de operación veo que no tendríamos que haberlo puesto nosotros. Le hice esa observación a la facilitadora y al coordinador territorial y me empezaron a amenazar con darme de baja, porque yo era muy conflictivo”, recordó.

Además de expulsar o suspender “de forma arbitraria” a quienes se quejaran o no pudieran cumplir sus metas de siembra, así fuera por enfermedad, los responsables de SV “están empecinados en traernos cedro rojo, que no pegó acá, cuando estamos acostumbrados a sembrar coco, mango, chicozapote, que es lo que se da en la región”.

Por su parte, Crispín Osorio, también participante del programa en la región del Istmo, señaló que las autoridades “presionaron” a los integrantes de su CAC para que contrataran a las empresas Gemasol y Conagro como abastecedoras de materiales, a pesar de que algunos agricultores consideraron “elevados” sus precios y quisieron emplear a negocios locales.

Asimismo, denunció que los responsables de SV exigen una cuota de siembra de mil 800 plantas para finales de este año, pero “no hicieron examen del tipo de terrenos de la región y qué plantas pueden crecer. De poco más de mil plantas que sembré, sólo me sobrevivieron 600, y hasta después me dijeron que esas no eran las ideales. ¡Mira en qué momento me lo vienen a decir!”.

Un tercer agricultor, que solicitó el anonimato, afirmó: “A muchos les han suspendido pagos sin explicación, y cuando les preguntamos, nos dicen que nos los van a regresar, pero mientras ¿dónde quedan? Queremos que se llegue a fondo para saber qué pasa con eso”.

Este diario le solicitó a la Secretaría del Bienestar un posicionamiento sobre el tema, pero la institución declinó hacer comentarios al respecto.