Puerto Vallarta, Jal., Este municipio nació como un pueblo de pescadores, pero ahora los pocos que quedan, de los cuales dependen unas 300 familias, enfrentan la amenaza de ser de-salojados del área donde están sus embarcaciones y restaurantes, por la Administración Portuaria Integral (API) del puerto, que les exige pagar 28 millones de pesos por rentas e intereses, debido a que dejaron de pagar en 2017, afirmó el profesor Juan Carlos Reyes, presidente de la Cooperativa Rosita.
Explicó que desde 2010 los integrantes de la Federación de Cooperativas de la Industria Pesquera y Acuícola en la Costa Norte de Jaliscofirmaron un contrato con la API por 10 años para hacer uso de dicho sitioa cambio de pagar 18 mil pesos al mes, el cual venció en junio pasado.
No obstante, ante una mala racha y al surgirles dudas sobre la legalidad de la situación, hace más de cuatro años decidieron dejar de aportar esta cantidad, por lo que acumularon un millón 300 mil pesos de deuda, la cual “supuestamente” se ha elevado por recargos.
Recordó que durante un tiempo las rentas se cubrieron ante un juzgado, pero los representantes de la API nunca acudieron a recogerlas, lo que les hizo tener dudas sobre si en realidad ésta es la concesionaria del lugar, pues para reclamar el dinero tendría que comprobarlo.
Cecilio López, ex edil de Morena y hasta hace una semana presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario, indicó que este tipo de concesiones fueron entregadas durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) “cuando privatizó los puertos”.
Añadió que el cobro que se les hace ahora a los usuarios de la denominada lonja pesquera es injusto, pues se trata de un área construida con recursos federales.
Antonio Guereña, ex presidente de la Federación de Pescadores de la Costa Norte del estado, indicó que otro factor que les hizo cuestionar si la API tiene los derechos de explotación del predio, es que el municipio embargó parte del mismo por un adeudo de más de 4 millones de pesos de impuesto predial, pero a nombre de alguien más.
“Pensamos: ¿de qué se trata?. Por un lado API nos hace un contrato porque dice que esa superficie es suya y por otro lado el ayuntamiento asegura que es parte de otro terreno, propiedad de alguien más”, señaló.
Ante estas irregularidades, dijo Guereña, además de malas temporadas en venta de productos, dejaron de cumplir el compromiso económico con la API, lo que ahora los mantiene en la incertidumbre, pues según su acreedor, ya deben “un monto impagable”.
