Guadalajara. Pobladores y ambientalistas, que durante más de 15 años han defendido los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, presentaron al equipo técnico que los apoyó a elaborar la propuesta entregada al gobierno federal para construir un vertedero que permita que el agua de la presa El Zapotillo se desfogue al llegar a los 46 o 48 metros de altura y no inunde las tres comunidades que rodean el lugar.

Jorge Acosta, ingeniero civil, con especialidad en obras hidráulicas y quien ha sido asesor de los opositores a la presa desde que en 2006 fue anunciado el proyecto por los gobiernos panistas de Vicente Fox a nivel federal y Francisco Ramírez Acuña a nivel estatal, dijo que la única garantía para evitar la inundación de pueblos y sembradíos es un vertedero que debe construirse por debajo del nivel que tiene la localidad de Palmarejo, es decir a no más de 48 metros de la cortina cuya altura actualmente es de 80 metros.

María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, comentó que la propuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es que si la presa se llena a 48 metros, permitiría que Guadalajara recibiera un flujo de tres metros cúbicos por segundo, contrario a lo que asegura el gobernador Enrique Alfaro, quien dijo que llenando el embalse a 60 metros sería la única forma en que habría agua para la capital jalisciense.

Otros especialistas, varios de ellos egresados de la Universidad de Delft, en Holanda, una de las más prestigiosas en temas hídricos y otros del área técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicaron que es posible la construcción del vertedero y que esa sería la única garantía para evitar que más adelante, en otras administraciones, se pudiera tratar de llenar la presa más allá de los límites ahora acordados.

Integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, del Colectivo de Abogadas y Abogados y del Movimiento Mexicano en Defensa de los Ríos, celebraron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para no inundar ni desplazar las comunidades, señalando que el agua que se represe será destinada a uso humano en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Nuestra lucha es pacífica y apartidista, es seria y ética, le pedimos al gobernador Enrique Alfaro que no busque culpables y que se concentre en transitar hacia una gestión integral del agua, tan urgente y necesaria en Jalisco”, dijo Gabriel Espinoza, vocero del Comité Salvemos Temacapulín.

Entrevistado por La Jornada, Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ, dijo que la exigencia de reparación integral del daño para pobladores y el mejoramiento de la infraestructura pública en la región, está legalmente sustentada y es obligada para el gobierno.

“La reparación es justa, procedente, necesaria, porque nosotros como las propias colectivos, organismos, el pueblo, hemos documentado las afectaciones que han tenido (con recomendaciones en 2009 y 2018) que incluso han sido aceptadas por las actuales autoridades de Jalisco”, dijo.

Un antecedente muy claro es el reciente plan que el gobierno federal presentó para el pueblo yaqui en Sonora y destacó el proceso de visita presidencial que permitió a los pueblos externar su punto de vista, lo que es parte de la “gobernabilidad democrática con la que todos los gobiernos deberían ejercer sus cargos”, consideró.

Cuestionado sobre la legitimidad del proceso de consulta, criticada por el gobernador Alfaro, quien dijo que se trató de una asamblea en la que se pidió la opinión de los afectados en un proceso “a mano alzada” que le restó seriedad, Hernández Barrón explicó que no había visto que se tomara nada a votación sino que existió un diálogo en el cual, ante “el nivel de polarización y tensión de este asunto me parece una muy buena alternativa, la gente en este momento está esperanzada, contenta, de buen ánimo”.