La reforma constitucional en materia energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió anteayer al Congreso provocó reacciones encontradas en la Cámara de Diputados y el Senado. Los legisladores de Morena y funcionarios, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la respaldaron plenamente, mientras la oposición advirtió que la frenará.

Tanto la dirigencia del PAN como sus grupos parlamentarios en ambas cámaras expresaron su rechazo a la reforma. Los diputados panistas sostuvieron que “atenta contra el libre mercado, aumenta el control del Estado y perjudica a las familias mexicanas, además de que desaparece los órganos reguladores, que sí funcionan, viola tratados internacionales y cancela certificaciones de energías limpias”.

Además, la propuesta del Ejecutivo federal viola el TMEC, al “estatizar la industria”.

Igualmente, los senadores del blanquiazul consideraron la reforma como “un grave retroceso”, porque “regresa el monopolio de la generación y distribución eléctrica al Estado, además de eliminar a los órganos reguladores”.

El dirigente nacional del partido, Marko Cortés, advirtió que Acción Nacional se opondrá rotundamente a la reforma a la CFE y anunció que constituirá un grupo de trabajo que funcione como bloque de contención, además de iniciar una campaña para que “la nueva locura del mandatario no sea aprobada”.

La bancada del PRD en San Lázaro informó que analizará detenidamente y con cautela la iniciativa, pero “no se aceptará en modo alguno una reforma constitucional que afecte los intereses de los ciudadanos”.

Por separado, el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia dijo que es una reforma histórica que permitirá al Estado mexicano recuperar el control y el dominio sobre sus recursos naturales y sobre las fuentes principales de energía del país, como el litio, que en el sexenio pasado se entregó a empresas privadas nacionales y extranjeras.

De hecho, recalcó, se otorga la mayoría de la generación de energía, 54 por ciento, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que garantiza que se frene la tendencia a convertir el sistema en un negocio. “Es un paso histórico, al regresar al control del Estado y garantizar que continúe la función social del sistema eléctrico y deje de ser un negocio, con todos sus efectos negativos”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que la reforma energética del Ejecutivo federal ni nacionaliza ni expropia ninguna empresa, sino sencillamente fortalece a la CFE, que controlará la oferta y la demanda de energía eléctrica.

Además, dijo, se permite la generación privada de energía, pero en un nuevo esquema, en el que se fortalece a la empresa nacional, decisión fundamental, porque en otros países, como España, donde se ha dejado la industria eléctrica en manos de consorcios, se han disparado los costos.

Sheinbaum consideró que es también relevante garantizar que el litio pertenezca a la nación, pues eso implica soberanía.