La iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la CFE tuvo opiniones diversas, pues mientras especialistas consideraron que la propuesta obligará a la empresa a hacer un esfuerzo para cumplir con 54 por ciento de la generación de energía, otros señalaron que desincentiva la inversión en el país.
Santiago Barcón, experto en materia eléctrica, consideró poco probable que la propuesta para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución sea aprobada en el Congreso de la Unión.
Subrayó que la reforma energética aprobada en 2013 sí necesitaba ajustes, como suele suceder, pero “los péndulos no pueden irse de un lado hacia el otro cada sexenio”; comentó que sólo habrá beneficio a los consumidores si la Secretaría de Hacienda destina recursos.
Añadió que un obstáculo pueden ser los contratos ya firmados y los compromisos adquiridos por el país en acuerdos como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá.
La “CFE va a tener que realizar un esfuerzo extraordinario, no digo que no pueda hacerlo, pero sí hay que estar consciente de que requerirá un esfuerzo, porque afectará la participación de privados”, dijo el experto Arturo Carranza sobre el objetivo de generar 56 por ciento de la energía para el país. Apuntó que la propuesta es “un cambio de reglas muy claro, pero habrá que esperar las implicaciones” que conlleva. Indicó que la propuesta de desaparecer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sólo es poner en papel algo que ya se hace en la práctica, pues desde que se inició la actual administración estos organismos han perdido autonomía.
Adrián Garza, analista de la calificadora Moody’s Investor Service, consideró que “la iniciativa de reforma eléctrica desincentiva la inversión en energía renovable impidiendo que en México cumpla sus metas de energía limpia”.
La también analista de Moody’s Roxana Muñoz señaló que “eliminar los reguladores energéticos reduce de manera manifiesta la transferencia de los costos y operación del sector, afectando con ello la confianza de los inversionistas y deteriorando en forma marcada el marco institucional”.
Ángel García-Lascuráin, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, opinó que el país debe contar con un sector energético que garantice competitividad, pues su participación es necesaria por el costo que implica financiar la infraestructura.
El especialista Ramsés Pech consideró que México sufrirá un atraso al no haber modernidad en las nuevas formas de producir y por depender del presupuesto que se otorgue a la CFE.
Comentó que al desaparecer los contratos de autoabastecimiento, deberán pagar los de transmisión y distribución, y sin los órganos reguladores las tarifas las pondrá la CFE, pero no especifica el mecanismo del cálculo, lo que ocasiona incertidumbre.
El Consejo Coordinador Empresarial, por su parte, consideró que la iniciativa “lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica”, pues “golpearía finanzas de familias mexicanas y consumidores de electricidad”.
Apuntó que la propuesta implica un importante gasto presupuestario al subir costos de producción y requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico, pero también ahuyentaría inversiones, lo cual impediría la reactivación económica.
La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos pidió al Congreso de la Unión analizar a fondo los impactos de la iniciativa constitucional y consideró fundamental contar con órganos reguladores autónomos “para favorecer la protección de los intereses de la nación y de los consumidores”.
A través de su cuenta de Twitter, José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, calificó como “desafortunada” la iniciativa, pues es un “retroceso hacia una figura de control absoluto para la CFE.
“Impacta negativamente los costos de producción de la industria, obligando a subir los precios de todos los productos, aumentando los niveles inflacionarios de la economía y, en consecuencia, erosionando el poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias mexicanas.”
