La iniciativa de reforma constitucional en materia energética plantea que el Estado recupere la conducción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al revertir los cambios legislativos realizados en 2013 y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere 54 por ciento de la energía que consume a nivel nacional, proporción que se considera indispensable para garantizar el abastecimiento y control de este insumo necesario en la actividad socioeconómica.

También propone desaparecer los llamados órganos reguladores, es decir, las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, cuya estructura y atribuciones se suman a la Secretaría de Energía (Sener), y que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorpore a la CFE.

El Cenace, que da la autorización para que una central eléctrica inyecte su generación en las redes para la comercialización, ha limitado la entrada o “el despacho” de la energía producida por la comisión, lo que le ha generado pérdidas millonarias, establece el documento.

Según la iniciativa del Ejecutivo, la pérdida económica por la energía no despachada –45 por ciento de la capacidad de la CFE– equivale a 215.4 mil millones de pesos anualmente. Esto se suma al hecho de que el organismo tiene que comprar a los particulares electridad por 222.9 mil millones, lo que representa “cuantiosos beneficios para los generadores privados”.

De igual manera, se contempla la cancelación de los “permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa con el sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución”, pero la Comisión Federal de Electricidad continuará adquiriendo la energía producida por los particulares a través de un nuevo mecanismo basado en procedimientos de competencia, costos de producción y de acuerdo con los “requerimientos de seguridad y confiabilidad” del SEN.

La propuesta de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución contempla que la CFE se convierta en el organismo del estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control, y tenga autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración.

En sus artículos transitorios, destaca que la comisión se integrará como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprimirá la separación de sus empresas subsidiarias y filiales.

También establece la cancelación de los Certificados de Energías Limpias que implicaban “un ingreso adicional para los generadores privados” y del que la CFE “fue excluida... no obstante que sus centrales generan 55 por ciento de energía limpia en el país”, explica.

Asimismo, se plantea avanzar hacia la transición energética, para lo que se utilizarán todas las fuentes de energía de que dispone la nación, a fin de reducir paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero.

En 2013, cambio de carácter regresivo

El documento parte de que la reforma energética de 2013 significó “un cambio normativo de carácter regresivo”, pues se estableció un sistema “cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”. Esto llevó al “desmantelamiento de una industria” de carácter integral y al debilitamiento del SEN, se menciona en la exposición de motivos.

También se da cuenta de que en la actualidad el sector privado tiene una participación de 62 por ciento del mercado y la CFE de 38 por ciento, aunque posee capacidad para cubrir un mayor porcentaje.

Se agrega que la fragmentación de la comisión genera importantes pérdidas económicas y el otorgamiento de permisos de generación de manera ilimitada a los particulares se ha hecho sin considerar la planeación y la demanda futura. Se han autorizado permisos por 104 mil 372 megawatts cuando la demanda estimada para 2024 es de 52 mil 419, se precisa.

La iniciativa entregada a la Cámara de Diputados el jueves, cuando su presidente Sergio Gutiérrez optó por asistir a la sesión del Instituto Nacional Electoral como representante de Morena, establece que el sector privado podrá generar 46 por ciento del consumo, pero sujeto a la planeación y control del SEN que realizará la CFE.