El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el jueves envió al Congreso una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética a fin de recuperar la rectoría del Estado en la industria eléctrica y establecer que únicamente empresas estatales podrán explotar el litio que se encuentra en el subsuelo del país.
La propuesta del Ejecutivo implica cancelar los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, bajo la consideración de que el marco normativo creado en 2013 instrumentó el desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral y debilitó al Sistema Eléctrico Nacional, así como a la seguridad energética y la nacional, pues sus verdaderos objetivos fueron “el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta para revertir la contrarreforma peñista es el que asigna a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la facultad de determinar cuándo y cuánta energía comprar a los generadores privados, además de establecer que en cada caso éstos deberán hacer ofertas y la compañía elegirá la que mejor convenga a los intereses nacionales. Es necesario recordar que, bajo el esquema vigente, la CFE es obligada a comprar la producción de los privados, incluso cuando posee la capacidad de satisfacer la demanda con sus propios medios, lo cual implica el doble quebranto de comprar algo que puede generar por sí misma y de mantener ociosas sus plantas.
Otro absurdo creado por la legislación neoliberal, al que se pondría fin con la iniciativa del Ejecutivo, es el que arrebató a la CFE la elemental potestad de establecer las tarifas a las cuales compra y vende energía eléctrica. Asimismo, se acabaría con el debilitamiento artificial de la empresa al suprimir su fragmentación en subsidiarias y filiales; además de desaparecer organismos diseñados para facilitar la privatización como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y reincoporar a la CFE el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
En cuanto al litio, se anunció que no se otorgarán nuevas concesiones para la explotación de este mineral, que resulta estratégico por sus aplicaciones en la construcción de baterías para dispositivos que van desde teléfonos inteligentes hasta automóviles. Las ocho concesiones que ya fueron otorgadas se revisarán y se respetarán con la condición de que “acrediten ante la CFE y ante la Secretaría de Energía que han iniciado el proceso de exploración, y que están en los términos previstos para empezar la producción”, con el propósito de evitar que un bien nacional sea usado con fines meramente especulativos.
El nuevo intento del gobierno federal para desmontar lo que ha denunciado como un atraco al país, generó las reacciones esperables entre legisladores, expertos, comentaristas y organismos cupulares del empresariado; estos últimos en obvia defensa de sus propios intereses en la materia. Está claro que la presentación de la iniciativa marca apenas el comienzo de un largo y complejo debate, así como de una no menos ardua construcción de acuerdos políticos entre las diversas fuerzas representadas en el Congreso, por lo que cabe llamar a que la propuesta presidencial se discuta con seriedad, calma, y con la mira puesta en obtener los mejores resultados para México.
