Oaxaca, Oax., Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra Juan Peralta Alavez, ex director de la División de Fuerzas Estatales, y Carlos GuerreroRomero, ex jefe del 9 agrupamiento de la Coordinación de Alerta y Reacción Inmediata, ambos como funcionarios de Oaxaca, por ordenar el operativo en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, por lo que son pro-bables responsables de homicidio calificado y lesiones, informaron inte-grantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).
En conferencia en las oficinas de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acompañados de miembros de la Red Estatal de Víctimas Tomás Martínez, dieron a conocer que el pasado fin de semana, los detenidos buscaron desestimar las acusaciones en su contra, argumentando que ellos no efectuaron los disparos que mataron a ocho personas y dejaron más de 100 heridos.
Sin embargo, el asesor jurídico de las víctimas, Simitrio Ruiz, explicó que “de acuerdo a la práctica y técnica jurídica también se les conoce como autores materiales, por que ellos omitieron el cese y la retirada, pues eran garantes de la seguridad pública en Nochixtlán”, y al no hacer esto, los convierte en responsables.
Asimismo, Darinel Blas, quien forma parte del equipo de asesores, señaló que lo importante para las víctimas es que se investigue la cadena de mando política, porque si bien los dos uniformados tienen responsabilidad, también los funcionarios que ordenaron el desalojo.
Santiago Ambrosio, dirigente de la Covic, demandó a la Fiscalía General de la República dejar de proteger a la cadena de mando, de la cual forma parte el ex gobernador Gabino Cué; el ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo, exigió dejar de cuidar a Renato Sales Heredia, quien en 2016 era el comisionado nacional de Seguridad y actualmente fue designado en Campeche como fiscal general del estado por la gobernadora de Morena, Layda Sansores.
El juez de control ordenó que los dos detenidos sean trasladados al Cefereso 13 de Miahuatlán de Porfirio Díaz y dio seis meses para la conclusión de la investigación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió otra queja por tortura contra detenidos en el panteón municipal de Nochixtlán, los cuales no denunciaron en su momento estos actos “dado el hecho victimizante y estrés postraumático que tanto las personas en situación de víctimas como sus familias sufrieron a raíz de los sucesos”.
