Las compañías mineras en México deberían esperar revisiones ambientales rigurosas dados los impactos importantes de sus proyectos, asentó Tonatiuh Herrera, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al subrayar que los atrasos en las evaluaciones están disminuyendo, a pesar de que la industria afirma lo contrario.

En México, el sector, uno de los 10 principales productores mundiales de más de una docena de minerales, representa alrededor de 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, pero a las firmas les preocupa que se enfrenten a una mayor hostilidad del gobierno.

El funcionario aseguró que los cierres relacionados con la pandemia, el año pasado, contribuyeron a la acumulación de evaluaciones ambientales a las minas, pero no se han dejado de procesar los permisos. “Tenemos que tener una evaluación ambiental estricta”, sostuvo en una entrevista.

Ejecutivos de empresas han manifestado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha socavado la minería con demoras regulatorias récord causadas, en gran parte, por fuertes recortes presupuestales y advirtieron que pueden enviar nuevas inversiones a países más atractivos.

Herrera dijo que los yacimientos a cielo abierto –que representan un tercio de los más productivos de México– serán evaluados caso por caso debido a su “enorme” impacto en las comunidades y en los recursos hídricos. Sin embargo, negó que hayan sido prohibidos, como expresó en mayo pasado la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González.

Grupo México, una de las firmas más grandes del país, espera autorizaciones finales para su proyecto a cielo abierto El Arco, de unos 3 mil millones de dólares en Baja California, el cual se espera comience a producir 190 mil toneladas de cobre en 2028.

Herrera agregó que las empresas pueden haberse acostumbrado a una supervisión mínima estatal; aun así la administración actual recientemente aprobó muchas manifestaciones de impacto ambiental.

En tanto, 18 importantes proyectos que representan una inversión de casi 2 mil 800 millones de dólares están estancados por permisos no resueltos, incluidos ocho manifestaciones de impacto ambiental y 10 autorizaciones del llamado cambio de uso de suelo, según datos de la cámara minera Camimex.

Este sector pagó el año pasado alrededor de mil 500 millones de dólares en impuestos y exportó 18 mil 400 millones en metales y minerales, de acuerdo con datos del gobierno.