El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), responsable de los registros sindicales y de los contratos colectivos de trabajo (CCT) en el país, ha expedido un total de 128 constancias de legitimación de estos convenios, desde que el primero de mayo pasado tomó el control de este proceso al que están obligados todos los sindicatos.

De acuerdo con datos oficiales, han sido verificadas mil 23 consultas realizadas a 437 mil 854 trabajadores, como parte de este protocolo que mandata la reforma en la materia y el Capítulo 23 del T-MEC, considerado “la llave de acceso al nuevo modelo laboral”, pues garantiza contratos “vivos” y depura aquellos que no tienen actividad, conocidos como convenios de protección; es decir aquellos firmados a espaldas de los trabajadores.

En México, ocho de cada 10 son contratos sin sustento democrático.

Se estima que ante de las juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran depositados 550 mil CCT, de los cuales mil 631 han sido avalados por los asalariados a nivel federal. Desde la puesta la reforma laboral de 2019, 872 mil 213 empleados han ratificado sus condiciones de trabajo mediante el voto personal, libre, directo y secreto.

El proceso de legitimación de CCT lo realizaba la Secretaría del Trabajo; sin embargo, a partir del primero de mayo pasado, el CFCRL asumió la responsabilidad en todo el país. El plazo para que los sindicatos del país tengan su registro avalado vence el 1º de mayo de 2023.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 prevé una partida de 577 millones de pesos para el referido centro y 42 millones 393 mil con el fin de impulsar la conciliación; es decir, en pro de acuerdos en beneficio de los trabajadores.

La primera etapa del modelo de justicia laboral “se concretó en tiempo y forma” con la entrada en funciones del CFCRL, el 18 de noviembre de 2020, en ocho estados con 19 centros de conciliación locales, 10 tribunales laborales federales y 19 estatales, así como con la participación de 71 jueces y 188 mediadores. En octubre comienza la segunda etapa, cuyo objetivo es incluir a 13 estados, y para mayo de 2022, el proceso concluirá con la incorporación de los 11 estados restantes.