Los migrantes que han solicitado el estatus de refugiados pueden tener una Clave Única de Registro de Población (CURP), con el fin de darles acceso efectivo a los derechos de salud, educación y trabajo, así lo propone un proyecto de sentencia que será discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El caso data de 2018, cuando nueve personas, procedentes de siete países distintos, solicitaron ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con base en el artículo 52 de la Ley de Migración (LM), el reconocimiento de su condición de refugiados por razones humanitarias.

Desde entonces, los migrantes han permanecido en nuestro país intentando obtener un trabajo formal, servicios educativos y de salud que les han negado la falta de un documento expedido por el gobierno mexicano que certifique su identidad, como la CURP.

En busca de este documento acudieron a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación sin lograr su cometido.

La LM permite otorgar este documento a las personas aceptadas como refugiados por razones humanitarias, pero los solicitantes no han tenido acceso a este derecho.

Derivado de la respuesta de la autoridad, los migrantes acudieron al amparo, donde denunciaron la violación a sus derechos “a la no discriminación, a la identidad y personalidad jurídica, así como el ejercicio de otros derechos derivados (salud o trabajo)”.

El juez de distrito que supo del juicio en primera instancia negó el amparo, por lo que se presentaron en un tribunal colegiado donde, ante la relevancia del tema, pidió a la SCJN atraer el asunto.

Así, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se hizo cargo del estudio y propone en su proyecto de sentencia otorgar el amparo, lo cual abriría la puerta para ampliar la protección a los migrantes.

En la propuesta se advierte “que las personas solicitantes de la condición de refugiado se encuentran en un estado especial de vulnerabilidad y que, a pesar de que cuentan con derechos reconocidos, se han visto imposibilitados para acceder a ellos y ejercerlos efectivamente”.

En el proyecto se cita la última Encuesta sobre la Población Refugiada en México, de 2017, en la cual se apunta que había 54 mil 377 migrantes que habían solicitado este estatus.

El proyecto podría ser votado este mismo mes; si es aprobado por mayoría calificada, sentará jurisprudencia.