Entre enero y julio de 2021 se abrieron 432 carpetas de investigación contra mujeres por haber abortado en 27 estados de la República, las cuales se deben revisar con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos de quienes realizan esta práctica en los casos permitidos, informó Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Subrayó que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de septiembre, que por unanimidad determinó la inconstitucionalidad de criminalizar esa práctica de manera absoluta y su postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, coadyuvar en la revisión de casos.
Sobre las 432 indagatorias, 93 se encuentran en el estado de México, Nuevo León tiene 67 y en la capital del país hay 52. Siguen Tamaulipas, con 28; Querétaro, 22; Baja California y Guanajuato, 18; Hidalgo, 15; Veracruz, 14, y Michoacán, 13.
Aguascalientes y Sonora tienen 10 casos; Baja California Sur y Morelos, 7; Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, 6; Zacatecas, 5; Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, 4, así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit con 3.
Alanís Sámano recordó que el 8 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por abortar.
Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación, sostuvo la funcionaria.
