La Comisión Temporal de Presupuesto 2022 del Instituto Nacional Electoral (INE) detalló el anteproyecto que perfila enviar a la Cámara de Diputados, en el que confirma la solicitud de 18 mil 827.74 millones de pesos para el próximo año. Será este viernes cuando el Consejo General del órgano electoral vote la propuesta.
El monto incluye un recurso “precautorio” de 5 mil 743.5 millones de pesos para la revocación de mandato y una probable consulta popular. Al defender que se trata de un presupuesto “racional y sin excesos”, los consejeros electorales explicaron que de no realizarse alguno de los dos procesos, o ambos, será devuelto a la Tesorería de la Federación.
Debido a que la consulta popular ya está definida en la Constitución, lo que da pie a la posibilidad que cada año se realice alguna, de ahora en adelante se deberá contemplar este concepto en todos los ejercicios, subrayó el consejero Ciro Murayama.
Ayer, en sesión extraordinaria de esta comisión, Ana Laura Martínez, directora ejecutiva de administración del instituto, expuso que el anteproyecto está dividido en dos bloques: una base para el funcionamiento general del INE por 13 mil 84.17 millones de pesos y el que será destinado a la revocación de mandato y consulta popular.
El presupuesto base incluye, a su vez, recursos por 11 mil 225.46 millones para actividades básicas, de los cuales casi 8 mil millones son para salarios, así como partidas presupuestales de gasto corriente por 3 mil 270 millones de pesos, entre otros.
Además se plantea una cartera institucional de proyectos que implica otros mil 858.71 millones. Los procesos electorales locales (en los que se definirán las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) representan 885.9 millones de pesos.
Mientras para la revocación de mandato el INE solicita 3 mil 830.45 millones de pesos y otros mil 913.13 millones de pesos para una posible consulta popular.
“Para nosotros es muy importante tomarnos en serio la revocación de mandato. Que un presidente pueda retirarse de su cargo antes de que concluya el mismo es muy grave en cualquier país, en cualquier democracia, así sea por la ruta constitucional establecida”, afirmó por su parte Murayama.
Por ello consideró que para este proceso se deben ofrecer las mismas garantías y certeza que en una elección presidencial. “No es un juego, está en riesgo la estabilidad económica y social del país”, agregó.
