Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación 45VG/2021 sobre el caso de Ernestina “N”, mujer indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, quien fue atacada cerca de un destacamento militar, lo que le ocasionó lesiones que le costaron la vida, hecho que fue ampliamente difundido en 2007, y abordado por la propia comisión en la recomendación 34/2007, cuya investigación, reconoció el organismo, presentó diversas irregularidades.

Por ello, inició de oficio el expediente de queja CNDH/2/2021/6829/VG, con motivo de una nueva evidencia allegada y elementos fácticos que no fueron considerados en la recomendación 34/2007.

La nueva recomendación, dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGJV) y a la Secretaría de Salud del estado de Veracruz (SSV), solicita iniciar una nueva investigación del caso, y destaca que las nuevas diligencias deberán “considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado”.

En la revisión del caso, subraya que se encontraron actuaciones de la propia CNDH “contrarias a su misión constitucional, que acabaron por revertir las conclusiones de las investigaciones iniciales y exponer una contradicción que a la fecha persiste, vulnerando gravemente el derecho a la verdad y a la justicia que les asiste a los familiares de la víctima”.

Con esta nueva recomendación, la CNDH busca que “no se deje impunes los hechos en los cuales perdió la vida, buscando dignificar la memoria de esta mujer indígena náhuatl; y que sus familiares tengan garantizado el acceso a la justicia y a la verdad a las que tienen derecho”.

El organismo destaca que 14 años después de los hechos “se vio en la necesidad de revisar de nueva cuenta el caso, advirtiendo violaciones graves a los derechos humanos, de manera específica a la vida, a la protección de la salud por negligencia medica y por omisión, la integridad, seguridad personal y a la dignidad humana cometidas en agravio de dicha mujer adulta, indígena náhuatl”.

Destacó que también se afectó el acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, cometidas en agravio de sus familiares, “hechos atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía General y a la Secretaría de Salud, ambas del estado de Veracruz”.

La investigación que se realice, agrega la comisión, deberá subsanar las deficiencias detectadas, así como atender el caso con perspectiva de género y tomar en cuenta la multiplicidad de condiciones de vulnerabilidad de la víctima, “aunado a la visión diferencial y multicultural, atendiendo el contexto sociocultural y características de los familiares de la víctima, que son en quienes recae el ejercer el derecho de acceso a la justicia”.