Morelia, Mich. Autoridades de 60 comunidades purépechas se reunirán el próximo sábado con el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla para demandar la creación de una comisión de la verdad y justicia en torno a los temas de desaparecidos, asesinados y presos políticos, informó el coordinador del Consejo Supremos Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán.

“Pediremos que se haga justicia porque han pasado años e incluso décadas de que se cometieron graves delitos que han permanecido impunes y que no han sido aclarados por parte de autoridades federales y estatales”, apuntó.

La reunión se llevará a cabo este 28 de agosto en la comunidad de Jarácuaro, municipio de Erongarícuaro, ubicada en la rivera del lago de Pátzcuarol, en la que pedirán al morenista Alfredo Ramírez se investigue y aclare, el caso de las desapariciones forzadas de Amafer, Armando Solón y Venustiano Guzmán Cruz, y de su padre Jesús Guzmán Jiménez ocurrida entre 1974 y 1977, en las que participó un comando armado del Ejército Mexicano tras ser acusados de pertenecer Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR).

También debe hacerse justicia ante las desapariciones forzada de líderes y comuneros que participaron en la defensa de su territorio y recursos naturales: fueron seis en la comunidad nahua de Ostula, municipio de Aquila; cuatro en Cherán; dos en Santa Fe de la Laguna; dos en Zopoco, municipio de Chilchota y dos en Caltzontzin, municipio de Uruapan. “También hubo homicidios que se cometieron y siguen impunes en Santa Fe de la Laguna, Nahuatzen y Aquila”, subrayó Pavel Guzmán.

En cuanto a presos políticos recordó que son: José Luis Jiménez, José Antonio Arriola y Gerardo Talavera, detenidos entre el 11 y el 14 de noviembre de 2018 por participar en la gresca del 1º de noviembre que protagonizaron seguidores del CCIN y simpatizantes del gobierno municipal perredista.

También las autoridades indígenas y el gobernador electo Alfredo Ramírez abordarán temas como el rescate de los lagos Pátzcuaro y Zirahuén; presupuesto directo; reconocimiento a gobiernos comunales, rondas de seguridad y jueces tradicionales; así como la prohibición de cañones antigranizo que están dañando la agricultura de los pueblos originarios.