Mientras son peras (reservas internacionales) o manzanas (pago de deuda pública), lo cierto es que México recibió una buena rebanada de recursos provenientes de la “asignación general” de derechos especiales de giro (DEG) aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Doce mil 117 millones de dólares (alrededor de 242 mil millo-nes de pesos) nada mal caen aquí, allá o acullá, sobre todo en tiempos pandémicos. Para dimensionar de qué se trata, este monto equivale a casi 72 por ciento del presupuesto 2021 aprobado para la Secretaría de Educación Pública.

Hasta ahí todo bien. Bienvenida la carretada de recursos. El jaloneo se inicia cuando el Banco de México (BdeM) afirma que esos 12 mil y pico de millones de dólares de inmediato pa-san a su resguardo y control, pues, dice, “la tenencia de DEG forma parte de la reserva de activos internacionales” del instituto central “y su uso está determinado por la Ley del Banco de México, en la que se establece que dicha reserva tendrá como único objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre ingresos y egresos de divisas del país”.

Dicha legislación establece que “una de las operaciones permitidas con la reser-va de activos internacionales consiste en que el gobierno federal, mediante operaciones cambiarias con el Banco de México, pueda contar con moneda extranjera para cumplir con sus o-bligaciones en divisas. De esta manera, la Tesorería de la Federación puede comprar o vender divisas con el banco central con recursos del propio gobierno federal a precios de mercado”.

Eso por el lado del BdeM. Por el del gobierno federal, el presidente López Obrador detalla que se trata de fondos “que corresponden al go-bierno de México. Todos los países miembros (del FMI) van aportando al fondo y ahora se de-cidió hacer una distribución, un reparto en el mundo de más de 650 mil millones de dólares, y a México, al gobierno de México le corresponden 12 mil 117 millones de dólares”.

Sin embargo, “nosotros debemos entregar esos fondos al BdeM. En todos las naciones –o en casi todas– esos fondos llegan directo a los gobiernos; aquí, por mecanismos establecidos, los fondos los maneja o llegan al banco central; sin embargo, son fondos del gobierno de México”, de ahí el anuncio (previo al repar-to) de que los dineros que recibiera nuestro país se destinarían al pago de deuda pública.

Pero parece que no, tal vez no, o quién sabe, de ahí que el gobierno federal “esté haciendo una gestión, un trámite, con las autoridades del BdeM para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se usen con ese propósito”, pues “se lograrían ahorros; va a significar una reducción, sobre todo en el pago de intereses (aún no se hacen las cuentas) y eso ayuda a la hacienda pública”.

Algo más: la “asignación” que recibió nuestro país “no se va a usar para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda (pública), para mantener una política de deuda baja, con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. Esto ya se percibe en todo el mundo, que México tiene finanzas públicas sanas, que, como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones a pesar de la pandemia. Está llegando inversión extranjera como no sucedía también en muchos años; este semestre fue histórico en cuanto a esos ingresos. También se recupera la economía, todas las actividades productivas; vamos a crecer este año seis por ciento. En fin, vamos bien y por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda”.

El propio FMI avala que la citada “asignación” puede utilizarse para “reducir la costosa deuda pública interna o los atrasos internos; también para disminuir la deuda externa, sin que la posición neta de activos externos del país tenga cambios”. De cualquier forma, “la decisión se debe tomar en el marco de una estrategia general de gestión de la deuda y respetando los arreglos institucionales nacionales”.

Las rebanadas del pastel

Debe tratarse de una epidemia, porque impresiona la cantidad de “perseguidos políticos” que, de la nada, brotan cada que se activa una carpeta de investigación judicial que documenta los atracos contra la nación cometidos por ellos.