No hay margen para que el paquete económico del próximo año tenga grandes cambios. Las presiones en gasto son prácticamente inerciales: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la seguridad social; pero a ellas se suman de manera más urgente la salud y educación, rubros que encaran las necesidades y carencias provocadas por el Covid-19, frente a una estructura de ingresos que tampoco verá modificaciones de fondo, explicaron académicos.
El paquete económico 2022 marca la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las condiciones en las que se elabora son distintas a los documentos eje de política hacendaria y fiscal previos. La perspectiva de crecer 4 por ciento anual, con la que inició la actual administración, quedó sepultada con una contracción de 8.5 por ciento el año pasado, que se suma a la de 0.1 por ciento registrada en 2019.
Alerta permanente
Hay un nuevo secretario en Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien no ha participado desde el inicio de la actual administración, pero mantiene la consigna de “profundizar y consolidar la transformación del proyecto económico que inició en diciembre de 2018”, en medio de una alerta permanente por nuevas olas de contagio de coronavirus, que han determinado el curso de la actividad productiva.
Si bien las condiciones en que se diseña el paquete económico 2022 están marcadas por una crisis para la que se requieren políticas que impulsen el crecimiento y la inversión, el margen fiscal está atado a la capacidad de los ingresos y a las prioridades en gasto ya definidas por la actual administración, explicaron académicos.
“Tenemos un gran desbalance, hay una gran cantidad de obligaciones que el Estado debe garantizar a la población, y cada vez le agregamos más, pero no hay modificaciones en su contraparte: los ingresos”, explicó Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas (CEFI) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En salud, además del Covid-19, el gasto en este rubro también está presionado por la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, y a ello se pueden sumar las necesidades de gasto federalizado para los estados, que también han aumentado, explicó Horacio Sobarzo, académico del Centro de Estudios económicos de El Colegio de México.
Además, como resultado de la situación sanitaria –las aulas han estado cerradas por más de 16 meses–, se suman los gastos de restauración en las escuelas y otras necesidades esenciales en el marco de la pandemia, como sistemas de limpieza, jabón y gel antibacterial, comentó González. Ello, sin dejar de lado la capacitación de los maestros, que requiere el modelo educativo impuesto por la Covid-19, agregó.
Héctor Magaña, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, explicó que “por varios años, Pemex ha complicado la elaboración del presupuesto al reasignarse recursos para mantener la vitalidad de la compañía estatal” y se mantendrá como una presión para las finanzas públicas en tanto no se normalice su producción y estabilicen sus finanzas. “En la medida en que no tenga una mayor eficiencia productiva, es dinero a un barril sin fondo”, agregó González, en una conversación aparte.
Sobarzo y González consideraron que dada la crisis y la falta de empleo, un paquete económico en estas condiciones debería impulsar la inversión. El coordinador del CEFI explicó que si bien este año se espera un rebote en el crecimiento “que parece muy espectacular, es simplemente porque venimos de una base de comparación muy baja”. Sin embargo, con la caída de 2019 y sin alcanzar los niveles prepandemia antes de 2023, tenemos “casi cinco años en que el crecimiento sería cero”.
Todo tiene consecuencias
González consideró que es necesario una revisión de fondo en la política fiscal, pero se requiere voluntad política, porque los beneficios no se verán ni en esta ni en la próxima administración.
Sin embargo, un ejercicio de fondo en este rubro se ha estado postergando desde finales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y habrá un costo político: “hacer la reforma fiscal o disminuir, contener o hasta quitar parte de las prestaciones sociales. Todo tiene consecuencias”, advirtió.
